- Condenados tras ser sorprendidos robando en una nave de Aznalcóllar
- Condenado a casi cuatro años de cárcel por el atropello mortal de una bebé en Castilblanco
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla impone condenas de tres y dos años y un mes de cárcel a los que fueran tesorero y presidente de la Junta de Compensación del Sector F de Almensilla, respectivamente, por un delito de apropiación indebida en relación al desfalco producido en la misma. Mientras, la Audiencia Provincial ha absuelto al que fuera auditor de cuentas, apoderado y encargado de la gestión económica y financiera de un bufete de abogados que representaba los intereses jurídicos de la Junta de Compensación en determinados procedimientos judiciales.
En concepto de responsabilidad civil, ambos acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Junta de Compensación del Sector F de Almensilla en la cantidad total de 1.368.295,96 euros por los perjuicios ocasionados. El extesorero de esta Junta de Compensación también deberá indemnizar a la misma en la cantidad de 40.942,04 euros por una serie de cheques emitidos «con su sola firma», «cobrados por él mismo».
«Algunos testigos no lo conocían»
El tribunal absuelve al tercero de los acusados, a quien se imputó haber colaborado con el entonces tesorero, «con el que compartía una relación empresarial y de amistad», para «enmascarar» los actos de éste último y «desfalcar» los fondos de la Junta de Compensación. En este sentido, la Audiencia entiende que, «dejando al margen la declaración del coacusado, no existe prueba directa que lo incrimine», pues «algunos de los testigos no lo conocían y la gran mayoría solo lo vinculaba con la Junta de Compensación por un informe/auditoría que el mismo elaboró».
«Se puede considerar acreditado que cobró o bien de forma personal o bien en concepto de apoderado del bufete una serie de cheques con cargo a la cuenta de la Junta de Compensación, y que el propio acusado o la mercantil transfirieron» una serie de cantidades a la cuenta de una empresa de la que era administrador único uno de los acusados.
El TSJA anuló la constitución de la Junta
La Sección Tercera de la Audiencia considera probado que el Ayuntamiento de Almensilla aprobó los Estatutos y Bases de actuación de esta Junta de Compensación, constituyéndose la misma mediante escritura pública de 23 de marzo de 1994. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA acordó anular todo lo anterior por medio de una sentencia dictada el día 15 de diciembre de 2001, tras lo que, el día 12 de marzo de 2002, se publicó el proyecto de Estatutos de la Junta de Compensación en el Boletín Oficial de la Provincial y mediante escritura pública de 18 de septiembre de 2002 se volvió a constituir.
Según los magistrados, la Junta de Compensación firmó con una entidad bancaria un contrato de cuenta corriente, siendo el presidente y el tesorero los únicos autorizados con su firma en dicha cuenta cuyo único titular es la propia Junta de Compensación. Ante esto, añade que, el día 27 de mayo de 2015, el entonces tesorero remitió un correo electrónico al presidente y al secretario de la Junta de Compensación donde reconocía haberse apropiado de dinero de la referida Junta, tras lo que, al día siguiente, estos dos últimos comparecieron ante la Policía Nacional para denunciar al acusado, y ya el 29 de mayo dieron cuenta a los copropietarios tanto del correo electrónico como de la denuncia.
Localizado en Santo Domingo
El tribunal considera probado que los dos condenados, «aprovechando su condición de tesorero y presidente», «detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la que era titular aquella entidad, librando cheques en su propio beneficio». El tesorero de la Junta de Compensación estuvo en paradero desconocido hasta que la Policía lo localizó en Santo Domingo (República Dominicana) en febrero de 2016, emitiéndose en abril de ese mismo año la orden de detención internacional». Tras esto, en agosto de 2016, la Policía Nacional lo detuvo en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas. Tras su detención, permaneció en prisión provisional hasta mayo de 2019, cuando se acordó su puesta en libertad con previo abono de una fianza de 40.000 euros.
En el juicio, el que fuera tesorero de la Junta de Compensación reconoció todos y cada uno de los hechos imputados. Sin embargo, el que fuera presidente «niega cualquier tipo de participación» en los hechos. Según los magistrados, «se apropiaron de importantes cantidades de dinero aprovechándose de la ausencia de métodos de control, así como de la buena fe y desconocimiento de los comuneros y la confianza depositada en ellos por los propios copropietarios».