- La Junta reclama a Alcalá más de 20 millones por las obras del tranvía
- Este municipio tiene uno de los mejores panes de la provincia y se encuentra a 20 minutos de Sevilla
El Ayuntamiento de Alcalá interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba la liquidación de la deuda derivada del convenio de colaboración suscrito en marzo de 2009 para la construcción y financiación del tranvía. Un informe jurídico señala que, teniendo en cuenta los perjuicios que puede ocasionar la liquidación del importe exigido al Ayuntamiento, «se debe solicitar la suspensión de la vigencia de la Orden». Así lo aprobó la Junta de Gobierno local el pasado 7 de febrero.
La Junta reclama más de 20 millones de euros, que corresponden al 17% de la inversión, según recogía el convenio firmado entonces por el exalcalde Antonio Gutiérrez Limones y el exconsejero Luis Manuel García Garrido, ambos socialistas. El Ayuntamiento, tras recibir la notificación, ha iniciado el procedimiento para recurrir la liquidación que ya está en manos de los servicios jurídicos, según confirmó la portavoz del gobierno y delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, consultada por La Voz de Alcalá. El gobierno municipal, en palabras de Ballesteros, entiende que el convenio está «prescrito» por los «numerosos incumplimientos».
«Un convenio que ellos mismos no han cumplido»
El delegado de Urbanismo, Jesús Mora, argumenta que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la Ley del Procedimiento Administrativo Común «establecían que los convenios interadministrativos que reconocían obligaciones, tenían un periodo de tres años para adaptarlos y aprobar una adenda justificando que las partes tenían capacidad financiera para asumir el convenio», además, «los municipios de la línea 1 de Metro de Sevilla ya recurrieron por la deuda de la obra y ganaron», siendo alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido.
Mora entiende que «el órgano que ha practicado la liquidación no ha seguido el procedimiento establecido, porque no ha dado trámite de audiencia ni ha aportado los certificados de obra que demuestran cuál es el importe real de la obra» y «no ha habido oportunidad de alegar». El contencioso-administrativo suspende la eficacia de la liquidación mientras que una reclamación administrativa mantendría viva la deuda. «No se nos puede exigir cumplir un convenio que ellos mismos no han cumplido», afirma.
Discriminación respecto a otros Ayuntamientos
La titular de Hacienda sostiene que «ningún Ayuntamiento de las ciudades a las que se les ha reclamado la deuda ha pagado» y que por tanto «no tendría sentido que Alcalá fuese la única en pagar». En este sentido, manifiesta que tampoco se le ha dado la posibilidad al Ayuntamiento de Alcalá de compensar la financiación prevista en el Convenio con actuaciones de mejora de movilidad, con lo que se produciría una discriminación con respecto a otros Ayuntamientos que no han participado en la financiación de las obras, tal como obligaban los Convenios que suscribieron. Los técnicos del Ayuntamiento, según las fuentes municipales consultadas, consideran que hay suficientes argumentos jurídicos para anular la orden de liquidación de la deuda.
El gobierno local mantiene que «se han producido múltiples incumplimientos del Convenio
por parte de la Administración Autonómica, ya sea desde el retraso injustificable de los plazos hasta la distorsión completa de las estimaciones realizadas en el Convenio, en lo que se refiere a la ejecución de las obras, así como sobre el importe de la inversión prevista para la ejecución de las mismas». Añaden las mismas fuentes que «no se ha dado ningún tipo de participación al Ayuntamiento en ninguna de las decisiones precisas para la planificación y ejecución de esta infraestructura».
Agravio con otras ciudades
El Ayuntamiento también defenderá en el contencioso-administrativo que se han vulnerado
los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional. «Esta falta de participación del Ayuntamiento en cualquier decisión sobre la coordinación, planificación o ejecución de las obras ha sido mucho mayor que en otras ciudades, como el caso de Sevilla, lo que se demuestra con la práctica inexistencia de comunicaciones al Ayuntamiento o de consultas o reuniones con sus representantes, lo que se refleja en las sesiones celebradas por la Comisión Mixta, solo una en 15 años y para intentar legitimar la liquidación practicada al
Ayuntamiento, no para facilitar su participación en alguna decisión».
En este sentido, se refleja en el informe un «tratamiento desigual» con respecto a otros municipios donde se han ejecutado infraestructuras similares y que «no han financiado cantidad alguna por la ejecución de las obras», pese a tener formaliza dos Convenios «idénticos o muy parecidos», y a los que «exclusivamente se ha reclamado su participación en la financiación del déficit tarifario». Señala así a Sevilla y Málaga para compensar la financiación de las obras por los Metros ejecutados en estas ciudades.
Los presupuestos municipales nunca han recogido partidas para saldar la deuda, a pesar de que el Interventor alertó en varias ocasiones sobre la posibilidad de que la Junta reclamase la deuda.