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El alcalde de Sevilla niega que los nuevos presupuestos del Ayuntamiento crucen ninguna «línea roja» por pactarse con Vox. En este sentido, Sanz defiende además que el PP no ha pagado «sobresueldos» ni ha incurrido en irregularidades en el uso de los fondos públicos recibidos. Los gastos y cuentas del PP sevillano y andaluz, según ha destacado, estaban en direcciones «perfectamente auditados por la dirección nacional» del PP.
Además, defiende los nuevos centros «resilientes» planeados por su Gobierno local en San Jerónimo y el Cerro del Águila, principalmente para acoger a personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia machista. Estos proyectos han levantado protestas en la ciudadanía de tales barrios en demanda de que estos centros sean destinados a otras zonas de Sevilla con mejores equipamientos públicos y no marcadas por las necesidades sociales.
Sanz alega al respecto que «la oposición ha hecho mucha demagogia y ha intentado crear alarma social en esos dos barrios», insistiendo en que no se trata de «albergues» al uso, sino de centros «de acogida donde habrá en cada uno de ellos 25 personas» que recibirán «un tratamiento personalizado». Además, añade que estos centros «seguramente no van a tener gestión municipal», sino que «serán algunas asociaciones o colectivos o alguna orden religiosa, quienes gestionen esos dos centros».
El Gobierno central «quita» más de 70 millones
El alcalde acusa al Gobierno central de «falta de interlocución», asegurando que el Ejecutivo ha «quitado» más de 70 millones de euros de la participación de Sevilla capital en los ingresos del Estado (PIE). Igualmente, Sanz ha negado que el PP de Sevilla y andaluz incurriese en «sobresueldos» o gastos irregulares con relación a las partidas de dinero público recibidas por su representación en las instituciones públicas.
Todo ello, después de que días atrás, el portavoz del PP en el Ayuntamiento hispalense, Juan Bueno, negase que fuesen «sobresueldos» los cheques que cobró con cargo a las asignaciones de la Diputación al grupo de su partido en dicha institución, cuando él mismo era presidente del PP de Sevilla y edil del Gobierno local del Juan Ignacio Zoido como alcalde entre 2011 y 2015.
Los gastos del PP
Según defendía Bueno, eran pagos con relación a sus gastos de «funcionamiento» por su responsabilidad orgánica en el PP, porque «visitaba toda la provincia», con lo que ello implicaba en materia de kilometrajes o dietas que él adelantaba. En este sentido, también cobraba cheques similares la concejala de Hacienda, del Gobierno local de Zoido, Asunción Fley.
Sanz señala de nuevo que la Ley Orgánica de Financiación de Partidos estipulaba en 2011 «que esas asignaciones» del dinero de las instituciones públicas a los grupos políticos «estaban para gastos corrientes de esos grupos políticos». «Lo único que no permitía esa ley era adquirir, por ejemplo, una sede, adquirir patrimonio o retribuciones salariales ni contratar personal», matiza Sanz.
En ese sentido, explica que en el caso de Juan Bueno, recibió dinero por «gastos que tuvo como presidente del partido» porque al estar «todo el día dando vueltas como una peonza por la provincia», afrontaba «una serie de gastos» en los municipios «para tomarse un café, para invitar a almorzar al portavoz» local del pueblo en cuestión o por kilometrajes.
«El gasto corriente del partido»
Sanz agrega que en el caso del mitin de 2011, «el gasto corriente de un partido es la movilización que un partido tiene que hacer en campaña electoral». «Eso forma parte de la contabilidad de los partidos políticos, perfectamente auditada por la dirección nacional de los partidos políticos». «Es una cacería política y estoy sufriendo una campaña de difamación», insiste.
Sanz también afirma que sigue «negociando» con la Consejería de Fomento el derribo de bloques vacíos en las Tres Mil Viviendas. «Ya se han definido cuáles son los bloques que se pueden derribar», dice el alcalde detallando que «pueden ser hasta cuatro». Además, añade que para su Gobierno local no es una «prioridad» cerrar la Plaza de España para cobrar entre tres y cuatro euros a los turistas para costear vigilancia 24 horas en el recinto y labores permanentes de conservación.
Todo ello, según ha dicho, depende de que se alcance «un acuerdo con el Ministerio de Hacienda», dirigido por la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, departamento al que también ha achacado una supuesta falta de interlocucion.