La Junta de Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Alcalá casi 21 millones de euros por las inversiones realizadas hasta la fecha en las obras del tranvía. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, firmó el pasado mes de diciembre una orden para la liquidación de la deuda derivada del convenio que en marzo de 2009 firmó la entonces Consejería de Obra Pública y Transportes con el Ayuntamiento, por el que Alcalá se hacía cargo del 17% de la inversión. El 30 del mismo mes, se notificó al Ayuntamiento la liquidación, según ha informado La Voz de Alcalá.
La Agencia de Obra Pública sostiene que el gasto de los diferentes contratos ejecutados hasta 2023 asciende a 113 millones de euros y la Dirección General de Infraestructuras del Transporte eleva su gasto hasta los 8,9 millones en el mismo período. En consecuencia, el gasto de los diferentes contratos ejecutados suma 121,6 millones, por lo que el importe adeudado por el Ayuntamiento de Alcalá equivale a 20,7 millones de euros. Según un escrito fechado el 30 de noviembre de 2023 de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, no constan pagos del Ayuntamiento para la extinción de la deuda.
El convenio firmado en 2009, siendo consejero Luis García Garrido y alcalde Antonio Gutiérrez Limones, definía las obligaciones y porcentajes de financiación y de la explotación de los servicios. El 22 de febrero de 2024, se celebró la primera sesión de la comisión mixta de seguimiento de este documento desde que se firmó hace 15 años. Estuvieron presentes el viceconsejero Mario Muñoz-Atanet, el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez, el gerente de la Agencia de Obra Pública, José María Rivera Zafra, la alcaldesa Ana Isabel Jiménez y el delegado del Área de Desarrollo Urbano y Económico, Jesús Mora. Según el acta de la reunión que obra en la Consejería de Fomento, la regidora alcalareña alegó la pérdida de vigencia del convenio, extremo que rechazó la Junta acogiéndose a un informe favorable emitido por la Asesoría Jurídica de la Consejería.
En esta comisión, el director general de Infraestructuras del Transporte expuso que la obra ya construida se ejecutó antes de la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y su disposición adicional octava sobre la adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública, por lo que el Ayuntamiento debe sufragar el 17%. Asimismo, el viceconsejero reiteró que «se buscará la fórmula de pago que resulte menos gravosa para ambas partes», según se recoge en el acta.
El delegado del Área de Desarrollo Urbano y Económico expuso que «la Intervención del Ayuntamiento necesita un título legítimo para poder pagar» e insistió en que el convenio se firmó sin seguir el procedimiento legalmente establecido y sin fiscalización, que es nulo de pleno derecho y que, para el supuesto de que no lo fuera, ha perdido su vigencia». Desde la Consejería defendieron que «si hay una firma del representante legal del Ayuntamiento, el convenio existe sin perjuicio de que pueda tener vicios de nulidad» y que «mientras no sea declarada su nulidad, en caso de que así procediera, mediante el correspondiente expediente de revisión de oficio, no puede sostenerse su inexistencia».
El 25% de explotación
Una vez que el servicio comience a funcionar, Alcalá deberá asumir el 25% de la explotación según el convenio firmado, ya que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se comprometieron a financiar, respectivamente, el 75% y el 25% de las aportaciones necesarias para «potenciar este transporte público».
Estas corresponderán a la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real (ingreso medio ponderado por viajero), multiplicada por el número de pasajeros que utilicen anualmente la infraestructura ferroviaria. En el convenio se estimaba inicialmente que las aportaciones del Ayuntamiento ascenderían a unos 350.000 euros anuales en cada año de explotación, teniendo en cuenta el valor de 2009.
El viceconsejero manifestó en la comisión que se están celebrando sesiones con todos los ayuntamientos, ya que se ha seguido el mismo modelo para toda Andalucía, donde participan al menos con un 25% en la financiación del déficit de explotación.