- Condenado por vender droga junto al prostíbulo de Bormujos
- Cae en Sevilla el cerebro de una red que enviaba droga por paquetería postal
La Fiscalía de Sevilla pide cinco años de cárcel para cada uno de los seis acusados por cuatro presuntos delitos contra la salud pública en Castilblanco de los Arroyos. Según la Fiscalía, los individuos usaban varios domicilios de la localidad para la venta de cocaína, heroína, cannabis y marihuana y como «fumadero» de las sustancias, funcionando además uno de ellos en la modalidad de «telecoca» en Castilblanco.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, «la Guardia Civil de la localidad estableció diferentes dispositivos de seguimiento, comprobando la realidad de los hechos», agregando que el 17 de junio de 2020 el Juzgado de instrucción número cinco de Sevilla autorizó el registro policial de diversas viviendas asociadas a estas personas, que «no sólo eran lugares de venta», de sustancias estupefacientes, sino además eran los sitios donde «los drogadictos consumían».
Registros policiales en Castilblanco por el servicio de «telecoca»
Las actuaciones policiales, según el Ministerio Público, pusieron de relieve que en una de las viviendas había «23 papelinas de rebujo (de drogas) dispuestas para su venta, más otras dos que acababan de dispensar a un consumidor allí presente» y 742 euros fraccionados en billetes, «procedentes de la recaudación de la venta de las drogas». Además, encontraron «libretas con anotaciones de dinero, números de teléfono y nombres de presuntos compradores» y «una balanza de precisión oculta en el interior de una bolsa».
Los registros domiciliarios arrojaron que en dos de las viviendas había diferentes cantidades de cocaína, heroína, cannabis y marihuana, destacando que una de las moradas de Castilblanco se dedicaba a la «la venta de sustancias estupefacientes, cocaína, a través de la modalidad» popularmente descrita como «telecoca».
Así, la Fiscalía resume que el valor de la droga intervenida al grupo rondaría los 10.000 euros en el mercado ilícito, achacando a cada uno de los seis acusados cuatro presuntos delitos contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por los que reclama cinco años para cada uno de ellos, así como que se les impongan multas de entre 5000 y 10.000 euros.