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La Guardia Civil detiene a dos personas e investiga a otra por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, así como a la investigación del propietario de una explotación agrícola al haber declarado como testigo y «faltar a la verdad» en su testimonio.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo del 2023, cuando responsables de un sindicato del sector agrario andaluz, pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que varias personas habrían trabajado en una explotación agrícola de Alcalá del Río sin recibir remuneración económica alguna. Con el fin de verificar los hechos, los agentes hablaron con los perjudicados, de nacionalidad senegalesa y residentes en un centro de acogida de inmigrantes gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Largas jornadas sin descanso
Avanzada la investigación, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el pasado mes de enero de 2024, una pareja nicaragüense captó a los perjudicados para trabajar en la recolección de frutos del campo en varias explotaciones agrícolas de la provincia. Esta pareja, que hacía las funciones de manijeros y que «igualmente se encuentran en situación irregular en el país», se aprovechaban de la vulnerabilidad de los perjudicados por encontrarse residiendo en España sin autorización legal y sin permiso para poder trabajar. Es por eso que les obligaban a efectuar largas jornadas de trabajo, sin descanso y en condiciones abusivas, por las que percibían salarios muy por debajo de lo estipulado, llegando a contraer una deuda económica con sus trabajadores de más de 7000 euros.
Según la Guardia Civil, los perjudicados manifestaron aceptar las condiciones laborales impuestas debido a la situación de necesidad de tener que enviar dinero a sus familiares que residen en Senegal y que dependen económicamente de ellos.
Los investigados le negaron la asistencia médica
En la misma operación se ha investigado a un empresario del sector agrícola, de nacionalidad española y afincado en la localidad de Brenes. El individuo, siendo supuesto conocedor de la situación de necesidad de los trabajadores extranjeros sin autorización de trabajo en España, los contrató a través de los manijeros de nacionalidad nicaragüense para trabajar en varias explotaciones agrícolas. Igualmente, el empresario no cumplía con la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, obteniendo mayores beneficios económicos con el ahorro del pago de dichas cuotas.
Además, una de las víctimas sufrió un accidente laboral que le imposibilitó continuar con la jornada laboral. En este sentido, los investigados, que le negaron asistencia médica, le instaron a continuar trabajando bajo la advertencia de que «no cobraría por el día trabajado». Las lesiones del perjudicado solo se asistieron cuando sus compañeros finalizaron la jornada y los manijeros los trasladaron al centro de acogida donde residen, siendo los trabajadores del centro quienes le trasladaron al servicio de urgencia más próximo. Por todo ello, el Instituto Armado ha puesto a los detenidos, junto con las diligencias instruidas, a disposición del juzgado en funciones de guardia de Sevilla.
