Nueve detenidos por fraude en los cursos de formación
Agentes de la Policía Nacional se ha personado en una vivienda de la calle Ebro y en Aerópolis para realizar registros dentro de la investigación de posibles fraudes en subvenciones de formación.
La Policía Nacional registra un vivienda en Sevilla, concretamente en la calle Ebro en Heliópolis, y una emprea en el polígono aeronáutico ubicado en La Rinconada, Aerópolis en el marco de la ‘Operación Óscar’, que investiga un presunto fraude en subvenciones a cursos de formación.
En Aerópolis se ubica la sede de Prescal que dirige el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que se encuentra en libertad con cargos y con el pasaporte retirado como medida cautelar tomada por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, el magistrado Miguel Ángel López Marchena. Además, la vivienda de Ángel Ojeda en Sanlúcar de Barrameda continúa vigilada por la Policía y se prevé un registro en el marco de las diligencias practicadas.
Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por un empresario que manifestaba haber contratado un curso formativo para sus trabajadores a una empresa de formación y que éste nunca fue impartido.
Durante las primeras diligencias, los agentes descubrieron la existencia de una empresa que ofertaba cursos que nunca se llegaban a impartir a empresas pequeñas para obtener las subvenciones de la Seguridad Social que éstas recibían por la inversión en formación a cambio de regalos a los empresarios por contratar estos falsos servicios.
La supuesta empresa de formación contaba con un gran número de comerciales –y ningún docente entre su plantilla- que visitaban a pequeñas empresas para ofrecerles cursos de formación por importes que oscilaban entre los 1.000 y los 2.000 euros que éstas pagaban y recuperaban posteriormente en bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
En total, esta falsa empresa cobró un total de 170 cursos de formación y obtuvo un beneficio económico en torno a los 400.000 euros procedentes de las subvenciones públicas que obtenían los empresarios que contrataban estos falsos cursos y que actuaban como intermediarios en la estafa.
Por su parte, los empresarios contratantes recibían regalos por participar en el fraude que consistían en ipads, ordenadores y productos similares en los que la empresa invirtió entre 90.000 y 100.000 euros obteniendo un beneficio neto de 300.000 euros.