El sindicato ha denunciado el decreto que permitirá aplicar la ‘Nueva Oficina Judicial y Fiscal’ en la Fiscalía de Sevilla, ya que consideran que “incide en las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de la Justicia”.
CCOO ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia Andaluz este decreto y espera una resolución favorable que “obligue a la Consejería a retirar el Decreto publicado y a efectuar una nueva disposición tras los trámites obligatorios de la negociación colectiva”.
CCOO, junto a los funcionarios de justicia de El Ejido, de Vélez-Málaga, de la Fiscalía de Sevilla y de toda Andalucía; ha mostrado, en contraposición, su apuesta por una reforma de la Administración de Justicia que respete las condiciones de trabajo y devuelva a los trabajadores y trabajadoras los derechos que les han sido robados con la excusa de la crisis económica.
Para el sindicato, el Decreto 1/2014 que permitirá aplicar la ‘Nueva Oficina Judicial y Fiscal’ (NOJF), en una primera fase, en El Ejido (Almería), Vélez- Málaga y la Fiscalía de Sevilla, incide en las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia, lo que obligaba a la administración a negociarlo con los sindicatos representativos del sector.
Según ha informado el sindicato, entre otras condiciones de trabajo, el Decreto afecta a la jornada laboral estableciendo puestos de trabajo con jornada de 40 horas (superior a las 37 horas y media de jornada laboral ordinaria), una regulación que “no garantiza los actuales turnos de funcionarios en los juzgados de guardia, la obligación de trabajar en la Fiscalía de los funcionarios de los Juzgados y viceversa o la ubicación física de puestos de trabajo de justicia en los centros penitenciarios”.
“Entre los principios rectores que han de inspirar la oficina judicial y fiscal la Consejería de Justicia ha eliminado intencionadamente el principio de división de funciones que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial”, aspecto fundamental para CCOO ya que bajo dicho concepto se consigue que cada puesto de trabajo tenga un cometido concreto.
CCOO ha rechazado de pleno el decreto porque, según él, “la Consejería de Justicia pretende con la eliminación de la división de funciones establecer un sistema de trabajo arbitrario y de empleados públicos a disposición plena del jefe de la oficina” y ha advertido a la Consejería de Justicia que “por imperativo legal las condiciones de trabajo de los empleados públicos han de ser negociadas con los representantes sindicales lo que ha sido rechazado por el Consejero, Emilio de Llera, que ha negado, faltando a la realidad, que el Decreto afecte a estas condiciones de trabajo”.