Ambas formaciones han presentado hoy sendos dictámenes en los que se recogen sus respectivas conclusiones en torno a la comisión de investigación parlamentaria del caso de los ERE fraudulentos.
Izquierda Unida ha señalado a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández como máximos responsables en la trama de expedientes de regulación de empleo supuestamente irregulares tramitados por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2011. Los socialistas creen, más bien, que todo es culpa del ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Son las conclusiones que se recogen en sendos dictámenes presentados hoy por ambas formaciones y que argumentan su postura en el caso de los ERE fraudulentos tras la comisión de investigación abierta en el Parlamento Andalucía. El Partido Popular andaluz aún no ha presentado las suyas.
De esta forma, IULV-CA sitúa en el «máximo nivel» de responsabilidad en el caso a quienes fueran consejeros de Empleo con Manuel Chaves y José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Antonio Fernández. La formación sostiene que ambos fueron «muñidores del convenio de 2011 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía -la antigua IFA y actual agencia IDEA-«. Asimismo, les apunta como «autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles».
En su dictamen, la federación de izquierdas argumenta que tanto Viera como Fernández «no acertaron en la elección y confirmación de las personas que gestionaban directamente la partida 31L; personas sobre las que parece que no ejercían ningún tipo de control ni vigilancia», en referencia a Antonio Fernández, Agustín Barberá y Francisco Javier Guerrero.
Por todo ello, Izquierda Unida concluye que en el caso de los ERE uno una «responsabilidad política directa» que es «indudable».
El PSOE apunta a Guerrero
Conclusión de la que discrepa, precisamente, su socio de Gobierno en Andalucía, el PSOE-A, que mantiene que ni Viera ni Fernández son responsables políticos de lo sucedido porque «en absoluto se ha situado de forma nítida y clara durante los trabajos de la comisión».
Según ha explicado el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, hubo un uso «indebido» del procedimiento de concesión de ayudas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, y que por eso la responsabilidad ha de situarse en la figura de Francisco Javier Guerrero, director General entre 2001 y 2008.
En el dictamen de conclusiones del PSOE-A, se apunta que fue la Dirección General de Trabajo la «responsable» en la concesión de los ERE «sin que quepa extender más allá de este órgano administrativo la responsabilidad».
Con todo, los socialistas reconocen un «uso indebido del procedimiento por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, órgano competente para la concesión y tramitación de las ayudas, y concretamente por parte del titular del mencionado órgano, desde el año 2001 a 2008, periodo donde se aprecian especialmente y, según la investigación realizada, en su mayor parte las actuaciones indebidas».
«Un uso indebido que ha derivado en la inclusión en pólizas de seguros de renta a trabajadores que no trabajaron en las empresas de referencia; en presuntos desvíos de fondos a otras personas o para fines distintos a los previstos, y en las presuntas concesiones de ayudas directas a empresas para fines distintos a los previstos».