Soto denuncia que los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia sufrirán un recorte de un 20% en su sueldo y cinco horas menos semanales en su jornada laboral.
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, ha denunciado hoy el recorte «drástico» en los sueldos de los trabajadores de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, quienes verán disminuido en un 20 por ciento su salario, es decir, percibirán «aproximadamente 750 euros», e informó de la jornada laboral de este colectivo también se «reducirá en cinco horas semanales», lo que afectará «directamente» a los servicios de dependencia y «a los más vulnerables».
Tras participar en la creación del grupo de trabajo ‘Más sociedad y mejor bienestar’, bajo la coordinación de dirigentes populares de las ocho provincias y cuyo objetivo es «apoyar a la sociedad andaluza, especialmente a los más vulnerables y que peor lo están pasando por la crisis», Soto ofreció una rueda de prensa en Córdoba junto a la concejala en el Ayuntamiento cordobés María Jesús Botella, y el diputado popular el Parlamento andaluz y secretario general del PP cordobés, Adolfo Molina, en la que abogó por «llevar a cabo reformas necesarias, recortar el gasto superfluo y de todos los privilegios que existen» en Andalucía, en lugar de «tirar por la vía más cómoda para el Gobierno bipartito, que es recortar los sueldos de los empleados públicos y de las agencias», criticó.
«Los recortes de la Junta de Andalucía afectan directamente al servicio de teleasistencia, que ya antes del recorte carecía de trabajadores y atendía a nuestros mayores con dos llamadas al mes, aproximadamente de dos minutos y medio cada una», denunció la dirigente popular, quien se preguntó «cómo van a ser atendidos ahora los mayores de Andalucía con cinco horas semanales menos de cada empleado de teleasistencia».
En opinión de la portavoz del PP andaluz, tanto el PSOE como IU «desde un concepto arbitrario de la austeridad han decido castigar a las personas que tienen algún tipo de dependencia, a los trabajadores públicos y los trabajadores de las agencias públicas», es decir, «a los más vulnerables», concluyó.
Ley de Servicios Sociales “obsoleta”
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, exigió también a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, la «urgente» modificación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que está vigente desde 1988, «por estar obsoleta» y porque «esta Ley destinada a ser la columna vertebral de las políticas Sociales, ni tan si quiera establece como un derecho de los andaluces los Servicios Sociales Básicos», añadió.
Soto, quien intervino en la Comisión de Salud y Bienestar Social que hoy se celebró en el Parlamento andaluz, también pidió a Montero que «concrete» una fecha de inicio de modificación de la citada Ley, e instó a la Junta de Andalucía al desarrollo legislativo de los artículos 23.2 y 37.1 del Estatuto de Andalucía, que recogen la inclusión social y la reta básica.
En este sentido, explicó que «hemos escuchado demasiadas veces la promesa del Gobierno socialista de la aprobación de la Ley de Inclusión Social y el derecho subjetivo a la Renta Básica como una prestación económica», si bien, «como con casi todo el articulado del Estatuto no lo han cumplido», criticó.
«La crisis afecta a todos, pero a unos más que a otros y los más vulnerables necesitan especialmente el apoyo de la Administración Pública», subrayó la diputada popular, quien recordó que Estatuto de Autonomía andaluz «garantiza en su apartado de Derechos Sociales» (Título I): la protección social, jurídica y económica a las familias, mayores, menores, personas con discapacidad, personas con dependencia o a aquellas en situación de riesgo social. Por esto, hizo un llamamiento al compromiso de todos los grupos políticos con quienes «más están sufriendo la crisis».
Respecto a la Ley de Dependencia, Soto recordó que Andalucía es «una autonomía de primera con competencias plenas», lo que implica que la Junta «tiene competencias para tomar decisiones propias» en esta materia, por lo que exigió a la titular de este departamento que «deje de ocultar todas las carencias y recortes tras la coartada del Gobierno de la Nación», quien «ha garantizado las prestaciones en Dependencia en los PGE con un incremento de 18,7 por ciento», mientras que «fueron ustedes, el PSOE y Zapatero, los que bajaron el presupuesto de 2011 un 10%», recordó.
«Son ustedes quienes han recortado en dependencia», criticó Soto, quien censuró la postura del Gobierno andaluz al «no quitar grasa política, preferir mantener el gasto público al social, recortar la prestación de servicios a los más vulnerables», así como disminuir «los sueldos a los trabajadores» de la Junta de Andalucía y «congelar la Ley de Dependencia en diciembre de 2010», apuntó.
«Nunca se ha aplicado el Grado I nivel 2 y no se han dado curso a los expedientes de este grado y nivel», lamentó la dirigente popular, quien invitó a la consejera Montero a que «pregunte a los trabajadores de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia cuántos miles de expedientes llevan años en los cajones o pregunten a las miles de familias afectadas a las que crearon falsas expectativas cuanto tiempo llevan esperando su prestación».
También recordó que el Gobierno andaluz ha dejado de aplicar 351 millones de euros presupuestados en los últimos años para el desarrollo de la Ley, toda vez que los ayuntamientos andaluces «se enfrentan anualmente a más de 1000 millones de euros en la prestación de los Servicios Sociales y sólo en competencias impropias soportan más de 600 millones», indicó.
Por último, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, exigió un Plan de pago urgente para las organizaciones sin ánimo de lucro y las entidades locales.