La decisión del CGPJ obligaría a muchos ciudadanos a desplazarse a más de 100 kilómetros.
El sindicato Comisiones Obreras ha mostrado hoy su rechazo al número de partidos judiciales en la provincia de Sevilla. De esta forma, CCOO ha señalado que la decisión del CGPJ obligará a miles de ciudadanos de la provincia a incrementar en más de 100 kilómetros sus desplazamientos para asistir al juzgado.
Además, ha señalado que el proyecto podría generar la amortización de puestos de trabajo en los juzgados, y el traslado forzoso de unos 250 funcionarios en la provincia de Sevilla.
El proyecto elaborado por el CGPJ pretende reducir, de quince a cuatro, los partidos judiciales en la provincia de Sevilla, dando como resultado la agrupación de los actuales partidos judiciales de Sevilla-Sanlúcar La Mayor-Coria del Río; Dos Hermanas-Alcalá de Guadaira-Utrera-Lebrija; Morón de la Frontera-Estepa-Marchena-Osuna y los de Lora del Río-Cazalla de la Sierra-Carmona-Écija.
Los representantes de CCOO señalan que “si el criterio para determinar las nuevas cabeceras fuese el de la mayor población, las sedes de los nuevos partidos serían en Sevilla, Dos Hermanas, Morón de la Frontera y Lora del Río”.
En este supuesto, los vecinos de las poblaciones sevillanas de Lebrija, Pedrera, Cazalla de la Sierra, El Real de la Jara, Écija, Gilena, La Roda de Andalucía, Herrera, Casariche, Badolatosa, Lora de Estepa y Estepa tendrían que incrementar en más de 100 kilómetros la distancia para acudir a las nuevas sedes judiciales, lo que afectaría a una población de más de 120.000 habitantes.
Otras poblaciones como Marinaleda, El Cuervo, Aguadulce, Osuna, Alanís, Guadalcanal, El Rubio, Almadén de la Plata, Martín de la Jara, Marchena, Cañada del Rosal, Los Corrales, El Pedroso, Carmona, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Sanlúcar la Mayor, San Nicolás del Puerto, La Lantejuela, El Coronil, Los Molares, Las Cabezas de San Juan, Castilleja del Campo, Utrera o Aznalcóllar, verán también incrementadas sensiblemente las distancias a las nuevas sedes de los juzgados, “todo ello, con el agravante de que el transporte público entre las poblaciones afectadas con las nuevas cabeceras de partidos es, en muchos casos, inexistente”.
Además, señala el sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla, los municipios cuyos partidos judiciales se suprimen, tendrán el coste añadido de la reducción de su actividad económica por el movimiento que genera en esas poblaciones la propia existencia de los juzgados.
En el plano laboral, CCOO ha señalado que en la provincia de Sevilla, 289 funcionarios de la Administración de Justicia tendrían que trasladarse con carácter forzoso a las poblaciones donde se ubiquen las nuevas sedes judiciales, y tendrían que recibir las correspondientes indemnizaciones por dichos traslados forzosos “que ciframos en 3,5 millones de euros al año para esta provincia, gasto que sería extensivo al resto del territorio andaluz y español”.
También supondría un “enorme gasto añadido”, inasumible por las administraciones en estos tiempos de crisis, el alquiler, construcción o compra de nuevos edificios judiciales que pudiesen albergar a estos funcionarios trasladados, “ya que las sedes actualmente existentes no tienen la capacidad suficiente para absorberlos, porque ya son insuficientes para los funcionarios que en la actualidad prestan en ella el servicio”.
Por último, los representantes sindicales de CCOO también han mostrado su preocupación por la situación en que quedarían los aproximadamente 100 funcionarios interinos que en la actualidad ocupan puestos de trabajo en los juzgados afectados, “nos opondremos con rotundidad a cualquier pretensión de recortes de plantilla o amortización de puestos de trabajo”.