El portavoz socialista entregará a Zoido su propuesta de modificación del funcionamiento del pleno para “ganar en calidad democrática, debate político y participación ciudadana”.
El portavoz socialista, Juan Espadas, ha presentado hoy públicamente la iniciativa que someterá al acuerdo y a la negociación de los tres grupos municipales para modificar el funcionamiento de los plenos, así como de los actuales mecanismos de acceso a las decisiones del Gobierno local con las que apuesta por “alcanzar más dinamismo en el debate político, mejor contraposición de ideas, más transparencia, la participación directa de la ciudadanía y profundizar en la calidad democrática del Ayuntamiento de Sevilla”.
Entre las propuestas avanzadas por Espadas se sugiere la incorporación del llamado ‘concejal 34’, “una figura de alta relevancia puesto que daría entrada en el debate político de los plenos a la iniciativa ciudadana que reúna un 2 por ciento del censo, es decir, el apoyo de unas 10.000 firmas”. A diferencia del actual formato por el que sólo los colectivos pueden trasladar su propuesta al pleno aunque sin derecho a debatirlas en primera persona, esta modificación permitiría que cualquier persona que consiga reunir el respaldo ciudadano tendrá el mismo tiempo para exposición y réplica que un concejal.
Así, valora el líder de la oposición, “el pleno puede incorporar por la vía de acceso directo la voz de la ciudadanía sin necesidad de más filtro o intermediario. Éste es un formato que ya funciona en el Parlamento de Andalucía y que supondría una novedad de calado para la ciudad, donde el activismo social es muy relevante y pide paso en las decisiones de su Ayuntamiento”, sostiene la formación en nota de prensa.
Por otra parte, Espadas apunta a la necesidad de dividir los actuales plenos únicos mensuales en dos sesiones más ágiles para el debate político y que puedan ser seguidos por la opinión pública con más facilidad e interés. Para ello, se crearía una sesión propia para el control del Gobierno y del alcalde, al estilo de la existente en otras cámaras como el Parlamento o el Congreso de los Diputados. En esta jornada, el Gobierno tendría oportunidad de responder con tiempos tasados en cinco minutos por grupo e iniciativa, a las preguntas que realicen los partidos. Además, se crearía un apartado propio para que sea el alcalde el que responda sin posibilidad de delegar, de forma que los ciudadanos y los grupos puedan conocer de viva voz su opinión política.
En este punto, el portavoz socialista ha visto la oportunidad de dar mayor imbricación y conexión a la descentralización de la gestión en los barrios que se quiere acometer, dando cabida a un máximo de 11 preguntas al Gobierno que provengan directamente de las Juntas de Distrito.
De aceptarse todo este bloque de modificación del funcionamiento, las preguntas de los grupos adquirirían más relevancia y actualidad, así como el debate que se genere y que ahora queda relegado al final de sesiones interminables que pueden alargarse durante nueve o diez horas y llegar hasta más allá de las ocho de la tarde, sostiene el Grupo municipal socialista.
En la segunda convocatoria plenaria mensual se celebraría la sesión ordinaria de debate de las propuestas de acuerdo elevadas por el Gobierno, aunque ya descargada del bloque de preguntas. En todos los casos, los plenos tendrán carácter público y deberán ser retransmitidos por la televisión municipal o a través de Internet para facilitar el seguimiento de los ciudadanos interesados.
En el otro paquete de propuestas, el portavoz socialista quiere que se hable del acceso libre y directo tanto de ciudadanos como de los grupos políticos a la información sobre decisiones del Gobierno local. Espadas considera que “es necesario arbitrar nuevas fórmulas por las que el trabajo de fiscalización y seguimiento de los proyectos municipales por parte de la oposición, no se vea lastrada e impedida por ralentización y limitaciones en el acceso a la documentación con que ahora el Gobierno responde”. Así, somete a la consideración del PP establecer un plazo razonable máximo de 15 días para poder disponer de toda la información que se requiera, “ganando en la agilidad de respuesta que los ciudadanos nos exigen”.