El nuevo Decreto-ley de Medidas Urgentes en Farmacia busca ahorrar entre 40 y 200 millones de euros anuales al sistema sanitario andaluz.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana, en su habitual reunión de los martes, el Decreto-ley de Medidas Urgentes en Farmacia, que establece, entre otras mejoras, la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan. Esta medida permitirá avanzar en la eficiencia económica del sistema sanitario público de Andalucía y obtener nuevos márgenes que se reinvertirán en el servicio.
La nueva norma tiene el doble objetivo de disminuir el gasto en medicamentos y productos sanitarios y contribuir a la mejora de la dispensación y de la adhesión del paciente al tratamiento, ya que se evitan cambios de presentación en los envases. La Consejería de Salud estima que esta iniciativa generará un ahorro anual de entre 40 y 200 millones de euros.
El precio de los medicamentos en la convocatoria pública será el menor estipulado por el Ministerio competente en materia de sanidad y consumo. El colectivo de las oficinas de farmacia mantendrá sus actuales márgenes de beneficio sobre la venta, que están determinados por normativa estatal.
El Decreto-ley, como medida de racionalización del gasto farmacéutico, establece la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos dispensados en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo. De este modo se pretende lograr una mayor eficiencia económica, dado que la adquisición de envases de medicamentos para ocho millones de usuarios conllevará bonificaciones por parte de la industria farmacéutica que repercutirán en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Este proceso de selección estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. La iniciativa comenzará por tres de los 400 subgrupos terapéuticos más consumidos: los protectores gástricos (se consumen anualmente medicamentos por valor de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones), y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos y disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones). Las convocatorias públicas podrán comenzar su tramitación en enero de 2011.
El Decreto-ley aprobado, que será sometido a aprobación parlamentaria, regulará también la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios. Esta medida comenzará con los absorbentes para la incontinencia urinaria. Además, se va a impulsar que los pacientes puedan recibir a domicilio los productos necesarios para el cuidado de su problema de salud, bien porque no pueden desplazarse para recibir las curas o porque requieren de soporte nutricional enteral o dietoterapéutico en casa y son visitados por los profesionales de Enfermería.
Andalucía es referente nacional en políticas de uso racional del medicamento, entre las que se incluye la prescripción por principio activo, un modo de indicación recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, el 88% de las recetas de los centros sanitarios de la comunidad se emiten por este sistema, que comenzó su implantación en 2001 y desde entonces ha permitido reducir la factura farmacéutica en 1.000 millones de euros en la última década. La experiencia andaluza ha servido de base a la implantación de este modelo de prescripción al conjunto del Sistema Nacional de Salud a través del Real Decreto Ley 9/2011.
Esta norma se suma a las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno autonómico para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública andaluza, como las plataformas provinciales de contratación, que están permitiendo un ahorro de 100 millones de euros anuales.
El decreto-ley contempla también la creación de un Fondo de Ayudas para el mantenimiento de las boticas de pequeñas poblaciones aisladas, que ofrecen servicio público sin ser rentable en muchos casos, al que la Consejería de Salud destinará el 10% de los beneficios que se obtengan con la aplicación de la norma.
Con esta nueva normativa se va a extender la factura informativa a las oficinas de farmacia, una medida que actualmente funciona en 34 hospitales de la comunidad. Los tiques de compra de cada producto detallarán el coste asumido por el sistema sanitario público de Andalucía.
Autorizados dos préstamos por 450 millones de euros para financiar proyectos en las universidades públicas
Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de dos préstamos por un importe total de 450 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para financiar inversiones en las universidades de Andalucía. La consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Moreno, ha indicado que esta cantidad permitirá cubrir tanto costes de personal científico y docente como obras de renovación, construcción y equipamiento de instalaciones.
Entre otros proyectos, destacan los relativos al nuevo edificio de docencia en la Universidad de Almería; las infraestructuras para el campus de la Escuela Superior de Ingeniería en la Universidad de Cádiz; la rehabilitación parcial de la Facultad de Filosofía y Letras y el suministro de equipos para la Escuela de Enfermería en Córdoba; las obras de urbanización y suministros en torno al Campus de la Salud de Granada; la construcción de instalaciones docentes en Jaén; la primera fase de renovación del Rectorado en Málaga; la rehabilitación y construcción de infraestructuras en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y la rehabilitación, mejora y suministro de equipos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
Los préstamos autorizados para estas inversiones tendrán un plazo de amortización de hasta nueve años, incluyendo dos de carencia, y se realizarán con cargo a las autorizaciones contenidas en las leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2010 y 2011.
El BEI ha contribuido desde 1983 a financiar inversiones públicas en Andalucía por un valor total de 13.400 millones de euros. En materia educativa, esta vía de financiación se emplea fundamentalmente en obras de ampliación y mejora de colegios, institutos y facultades universitarias.