El Pleno del Ayuntamiento aprueba una moción socialista para analizar cómo limitar dentro del marco legal la implantación de gasolineras próximas a viviendas e instar al Gobierno central a suavizar el decreto de liberalización para permitirlo.
El concejal socialista Antonio Muñoz ha argumentado ante el Pleno municipal que la legislación nacional “hurtó”, vía Real Decreto en el año 2013, la autonomía para que los ayuntamientos establecieran restricciones a la liberalización de instalación de estaciones de servicio. “La cercanía de gasolineras a las viviendas preocupa a los ciudadanos, como ya ha ocurrido en el barrio de Pino Montano y puede ocurrir en otras zonas. Esa legislación nacional lo permite, de ahí la necesidad de ir más allá y analizar si tenemos margen de maniobra en la normativa municipal para fijar límites al tiempo que solicitamos al Gobierno central que relaje la legislación para poder dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas”, ha abundado.
La moción aprobada plantea que, por parte de los servicios jurídicos municipales, se estudien las limitaciones, prohibiciones y condiciones que puedan imponerse, sobre todo, en suelo próximo a zonas residenciales, para la implantación de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos, así como y los instrumentos normativos adecuados para el establecimiento de estas prohibiciones y condiciones.
Asimismo, se insta al Gobierno de España a acometer las modificaciones normativas necesarias que permitan que en el planeamiento urbanístico los ayuntamientos puedan determinar la localización específica de estaciones de servicio y demás y los instrumentos urbanísticos adecuados para el establecimiento de estas condiciones.
La voluntad del Gobierno municipal es limitar el establecimiento de estaciones de servicio en zonas residenciales. Para ello, será necesario un estudio para conocer las “opciones reales” que el actual marco legislativo deja a las administraciones locales. El objetivo, según la moción, es conocer los instrumentos para hacerlo, ya que la otra opción supondría “realizar cambios legislativos que permitieran a los gobiernos locales adoptar en este aspecto los acuerdos que, en cada caso, estimasen más adecuados para salvaguardar los intereses generales”.