Los datos registrados en la región son poco halagüeños e invitan a pensar que este procedimiento legal no es suficientemente conocido

En una realidad donde las malas noticias se suceden y la inestabilidad e incertidumbre económica impera, son muchas las personas físicas que han decidido decir basta y asumir que, precisamente, no pueden asumir más deudas. Para situaciones de este calibre existe un soporte legal que permite reiniciar la situación económica, dejar atrás las deudas del pasado y empezar de cero. Su nombre es la Ley de Segunda Oportunidad y a raíz de esta crisis su visibilidad ha aumentado considerablemente, hasta el punto de que los expertos la sitúan como una de las mejores soluciones para contrarrestar una situación económica crítica como puede ser la actual.

Recogida en el Real Decreto-Ley 1/2015, en la exposición de motivos de la propia norma se explica con claridad cuál es el principal objetivo de este mecanismo legal. Así pues, en el tercer párrafo se explica que “su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas”. Todo ello, “sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”. 

Con esta descripción, se presupone que su utilidad es y será mayúscula, máxime teniendo en cuenta el contexto actual. Sin embargo su uso no termina de calar ni a nivel nacional, ni mucho menos a nivel regional. Es más, por poner un ejemplo con cifras que respalden esta afirmación, en 2017 se tramitaron en España 1.276 procedimientos de este tipo (1.036 particulares y 240 autónomos), por los 107.000 casos de Alemania, los 99.000 de Inglaterra o los 180.000 de Francia

¿Cuál es la situación de Andalucía?

Actualizando un poco más esas cifras, en España se celebraron en 2019 la cantidad de 6.599 procedimientos concursales, de los cuales 620 acontecieron en Andalucía. No obstante, a estas estadísticas hay que ponerle una serie de asteriscos. En primer lugar no son plenamente concluyentes ya que no reflejan todas las personas que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad y solo lo hacen con aquellas que han acudido a juicio. En segunda instancia hay que apuntar que ese dato es muy genérico y no sólo atiende el caso de personas físicas sin actividad empresarial, sino que también contabiliza empresas S.A., S.R.L y de otro tipo.

Por ello, un ejemplo más real sobre el número de procedimientos que hubo en el año 2019 se advierte en las cifras que solamente se ciñen a las personas físicas sin actividad empresarial. En este apartado concreto el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 2.135 casos en España, de los cuales 173 se dieron en territorio andaluz. Esta cifra, correspondiente al 8,1% del total, es sumamente baja si se tiene en cuenta que Andalucía es la región más poblada del país.

De hecho, al establecer una comparativa con Cataluña, la segunda comunidad autónoma más poblada, se distingue un contraste sumamente elevado. Y es que en  las cuatro provincias catalanas se registraron 903 casos, o lo que es lo mismo, el 42,29% de los procesos totales y cinco veces más de los relacionados con Andalucía, que aún así fue la cuarta región con más procesos después de la propia Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. 

¿A qué se debe esta diferencia de datos?

Cristian Tanase es un gran conocedor de la Ley de la Segunda Oportunidad y como CEO de Abogados para tus deudas convive a diario con este procedimiento desde su oficina en Sevilla. Él encuentra una explicación para esta diferencia en los datos y lo achaca al “desconocimiento de la Ley”. Es más, considera que “en Cataluña los notarios conocen muy bien este procedimiento y saben perfectamente cómo actuar”. Además, a diferencia de “en otras provincias donde los notarios son más reacios a coger en estos casos, allí están muy abiertos”.

Al desconocimiento, este economista añade otro motivo que influye en esa diferencia: “El importe de los honorarios”. Bajo su punto de vista, “muchas notarías se empeñan en rechazar estos casos ya que no consideran que les sea rentable”. Esto es porque los notarios no pueden cobrar honorarios por tramitar un acuerdo extrajudicial de pagos, que hay que recordar que es la primera fase de la Ley de Segunda Oportunidad.

Aumento de los casos a raíz de la Covid-19

El propio Cristian Tanase considera que esta tendencia tan baja en España y Andalucía puede cambiar en el futuro a raíz del desalentador contexto que ha dibujado la pandemia de la Covid-19. De este modo apunta que “desde marzo, se han triplicado las entradas de casos y las llamadas recibidas en el bufete”. Esto es debido a que “muchos autónomos han visto reducidos sus ingresos a mínimos” y encuentran en la Ley de la Segunda Oportunidad su “única vía de escape”.

Para concluir, considera interesante la visibilidad que está ganando ese mecanismo ya que hasta ahora era “muy desconocida” a pesar de que “ofrece unos resultados reales a todo aquel deudor que se acoge a ella”.

Sevilla Actualidad

Equipo de redacción de Sevilla Actualidad

Deja un comentario