Los portavoces de los tres partidos de la oposición, PSOE, IU y UPyD, han solicitado al alcalde andalucista Francisco Jiménez, la convocatoria de un Pleno extraordinario para revocar la ampliación de la zona azul.
La ampliación de la zona azul en Utrera está desatando una gran polémica. Tras la concentración vecinal ante las puertas del Ayuntamiento hace unos días, ahora, los tres partidos de la oposición (PSOE, IU y UPyD), se han unido para solicitar un Pleno extraordinario al alcalde Francisco Jiménez (PA), que gobierna en Utrera gracias a la coalición de los andalucistas con el PP.
Los portavoces de PSOE, IU y UpyD; José María Villalobos, Carlos Guirao e Isabel González, pretenden en este Pleno revocar la delegación de competencias del Pleno a la Junta de Gobierno Local para la modificación de la ordenanza de la zona azul, «para que no se vuelva a ampliar la misma por la puerta de atrás». De este modo, instan al alcalde a que proponga la derogación de la ampliación de la zona azul recientemente aprobada.
Cabe recordar que según el acuerdo alcanzado en la junta de gobierno celebrada el 19 de septiembre de 2013, las calles Vía Marciala, Molares, Corredera y la avenida María Auxiliadora ampliarían el número de aparcamientos sujetos a la zona azul. Comerciantes y vecinos se han manifestado en contra de dicha medida.
Los tres partidos de la oposición PSOE, IU y UpyD, se han mostrado abiertamente en contra de la zona azul desde que el gobierno local la aprobó, considerando que «perjudica todos los vecinos» de Utrera y que «beneficia tan solo a la empresa concesionaria, que aumentará su capacidad de ingresos a cambio de nada». Los portavoces de la oposición también tienen sobre la mesa ampliar la propuesta y que la derogación de la zona azul incluya también la ampliación que Jiménez aprobó en el año 2010.
Igualmente PSOE, IU y UpyD consideran que la ampliación la ha realizado el gobierno municipal «basándose en falsedades, ya que argumentan que iniciaron la ampliación porque se lo pidieron vecinos y comerciantes, sin que hasta la fecha nadie se haya manifestado a favor de la misma ni el gobierno haya esgrimido los datos de quién la solicitó».