El regidor utrerano y los ex-ediles se enfrentan a entre tres y cinco años de inhabilitación por la quiebra de la sociedad municipal Produsa.
En un escrito con fecha del 7 de octubre de 2013, la Fiscalía de Sevilla ha pedido al Juzgado de lo Mercantil número 2 de la capital hispalense la inhabilitación para gestionar bienes ajenos y sociedades mercantiles para el actual alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, y para varios ex concejales en relación con la quiebra de la sociedad municipal Produsa.
La Fiscalía entiende que se han producido irregularidades en la gestión de la empresa municipal tales como la ausencia de libros de contabilidad, la falta de contabilización de los saldos acreedores de las sociedades financieras y de las deudas o la omisión de realizar las cuentas anuales de 2011.
Por otra parte, también queda recogido en el informe del fiscal la inexactitud de algunos de los documentos adjuntos a la solicitud del concurso voluntario presentado a principios de 2012, como la ausencia de un inventario con todos los activos de la empresa.
Por último, la Fiscalía entiende que tanto el alcalde como los gestores de Produsa presentaron con retraso la solicitud de declaración del concurso de acreedores de la empresa, cuyas cuentas llevaban sin cuadrar desde 2006, cuando se empezaron a acusar los impagos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, además de la petición de un préstamo hipotecario.
Por todos estos motivos, la Fiscalía ha pedido la calificación de la quiebra de Produsa como “culpable y dolosa” y ha pedido al juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla la inhabilitación de 5 años para el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, y para el ex-gerente de la empresa, José Jiménez, así como el pago con sus patrimonios personales de parte de las deudas generadas por la negligente gestión de la sociedad municipal.
Así mismo, se pide una inhabilitación de tres años para el concejal andalucista Juan Luis Montoya y para el ex-dirigente popular Carlos Sánchez, y una inhabilitación de dos años para los demás consejeros de Produsa, como la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Consuelo Navarro, el último consejero delegado de la empresa, Juan Carlos García Marín, el ex-dirigente de Comisiones Obreras, Francisco Carrasco y Antonio Plata Casado.
Desde el Ayuntamiento de Utrera los cargos señalados como culpables de la negligente gestión de la empresa municipal han anunciado que presentarán alegaciones a la propuesta de declaración de culpabilidad presentada por la Fiscalía.
El portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Utrera, José Hurtado, ha declarado que “en el informe de la administradora concursal queda argumentado el desconocimiento de los miembros del Consejo de Administración de la situación de la empresa, siendo el consejero delegado quien está facultado para todas las gestiones, por lo que no tiene mucho sentido querer ampliar responsabilidades a otras personas”.
Así mismo, Hurtado ha señalado que tiene “absoluta confianza en la Justicia y en la gestión del alcalde, que siempre ha estado dirigida a mantener la viabilidad de PRODUSA y los puestos de trabajo de toda la plantilla, hasta que fue informado de la imposibilidad de continuar debido a la crisis que está afectando a miles de empresas”.