Una de las derivadas más siniestras de la recesión económica actual es el drama de los desahucios. A la ya difícil realidad de desempleo creciente, reducción de rentas y pérdida de poder adquisitivo se une, en cada vez más casos, la incertidumbre acerca de la posible pérdida de la propia vivienda o, lo que es peor, el desahucio de la misma.

Gran parte de la ciudadanía contempla atónita como cada vez más vecinos son obligados a abandonar sus casas teniendo a su vez que hacerse cargo de una deuda que permanece viva a pesar de hacer referencia a nada que, desde ese momento, sea ya del uso y disfrute el deudor.

Las cifras son, como siempre, frías pero esclarecedoras. En el año 2012, 30.034 familias en España (Registro de la Propiedad en España. 2013) fueron desahuciadas o lo que es lo mismo aproximadamente el equivalente a una ciudad entera de unos 100.000 habitantes. En Andalucía lo fueron 7.284, es decir, 115 familias al día. Podría objetarse a lo anterior que “no todos los desahucios hacen referencia a primeras viviendas”; es cierto, si se apuntan solo esos casos, en Andalucía supondrían un 75% de la cifra total lo cual, a nadie se le escapa, no deja de ser un porcentaje preocupante dado que se correspondería con aquellas realidades en las que el desahucio deja a quienes lo padecen en una situación de total indefensión.

En Alcalá de Guadaira la realidad de los desahucios es una extensión de las del país y la región, no en vano hasta junio de 2012 se habían producido unos 200 desahucios y en octubre la cifra ya se había duplicado hasta llegar a cerca de 400 (Comisionado de la Vivienda del 15M). La ciudad es una de las más castigadas de la provincia y refleja una consecuencia más de la realidad desesperada en la que empezamos a vivir.

Unos niveles de desempleo desconocidos hasta la fecha limitan las rentas de muchas personas hipotecadas, en el mejor de los casos, a la percepción por desempleo. Superado el derecho a la misma, el diferencial entre lo que se ingresa y lo necesario para hacer frente a hipotecas sobredimensionadas por la burbuja inmobiliaria hace inviable su pago mensual lo que deriva, en no pocos casos, en el irónicamente llamado en lenguaje jurídico “lanzamiento de la vivienda”.

¿Cómo y porqué se ha llegado hasta aquí?, las razones son múltiples pero pueden sintetizarse en dos, una nefasta “praxis bancaria” de concesión crediticia sin evaluación de riesgos y con una visión lucro cortoplacista que deja en muy mal lugar a nuestro sistema financiero. Del otro lado, la consideración como inquebrantable de un determinado nivel de ingresos de parte de la ciudadanía llevo a muchos a embarcarse en créditos asumibles en un momento determinado pero por encima de las posibilidades reales a medio plazo debido a la inestabilidad de la relación laboral o su previsible quebranto. No obstante, en cada vez más casos lo segundo no se cumple dado que las hipotecas impagadas son de cuantías por debajo de la media, es decir, no son el resultado de la concesión de un préstamo elevado.

Desde las Administraciones, una Ley Hipotecaria anticuada y claramente sesgada a favor de los intereses de las entidades bancarias ha sugerido, incluso desde Bruselas, la necesidad de su reforma, exigida además a través de una Iniciativa Legislativa Popular con más de millón y medio de firmas. Sin embargo, la lentitud de los procesos de transformación normativos choca de frente con la necesidad desesperada de las familias desahuciadas que no entiende de plazos y sí de la angustia que supone no saber si van a quedarse en la calle.

En este contexto, la acción popular se erige como protagonista real. Actuaciones como las del movimiento 15M o, sobre todo, la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son el único recurso real del que disponen las familias desahuciadas ante la inacción de las Administraciones. Entre sus reivindicaciones, la dación en pago, si bien responde a una lógica de liberación de una deuda ilegitima para las familias, sin embargo, no consigue el objetivo principal, la permanencia de las familias en sus hogares. En este sentido, una renegociación de la deuda viva con plazos y cuotas razonables, vinculadas a los ingresos reales de los afectados en ese momento, unida, porque no, a una quita de parte de la deuda por ilegitima e inasumible, deberían ser, tal vez, el eje principal de la actuación de estas iniciativas. En cualquier caso, el trabajo desarrollado dignifica a estos movimientos que se están convirtiendo en verdaderas tablas de salvación para quienes más los necesitan.

En Alcalá de Guadaira la constitución de la “Corrala Liberación” donde 25 familias desahuciadas han ocupadas sendas viviendas vacías propiedad de Caixabank es la punta de lanza de este tipo de iniciativas y contribuyen a dignificar la vida de quienes, de no ser por ellos, quedarían en una total indefensión.

Ojalá pudiera decirse al menos que el futuro es incierto, pero ni tan siquiera desde el Gobierno de la nación así lo consideran y recientemente se ha reconocido que la cifra de paro al final de la legislatura será mayor a la que “recibieron en herencia”, el volumen de deuda mayor y el crecimiento exiguo. Con este panorama la velocidad en la ejecución de los desahucios lejos de disminuir es previsible que aumente lo que se agrava en una realidad como la de Alcalá de Guadaira donde la desactivación del tejido industrial y la destrucción consiguiente de empleo erradica cualquier atisbo de solución a medio plazo.

Alejandro González Rodríguez
Universidad Pablo de Olavide