La clase política salta con altos honorarios a la empresa privada al término de su servicio público. La última de un creciente listado de políticos que han pasado de gestionar la administración pública a integrarse en los altos mandos de las corporaciones transnacionales es Elena Salgado, hasta el mes de diciembre vicepresidenta económica del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Medios españoles informaron que la ex vicepresidenta ha fichado por la filial de Endesa en Chile. El nombramiento deberá valorarlo el actual Gobierno de Mariano Rajoy en base a la ley de incompatibilidades. La Oficina de Conflictos e Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas dirimirá si el fichaje de la ex mandataria de los asuntos económicos del gobierno socialista como consejera de la distribuidora Chilectra (compañía controlada por Endesa España) entra en contradicción con una ley que establece que los ex altos cargos del gobierno no podrán ocupar una responsabilidad en la empresa privada al menos hasta pasados dos años de ocupar un puesto en la administración pública.

La ministra de Zapatero sigue la estela de otros ministros y altos mandos del Gobierno de España. Mientras el desempleo en España bate récords históricos entre 2011 y 2012 y sigue su escalada ascendente, la clase política que ha gestionado el país salta al otro lado de la balanza como abanderados de los intereses del capital. Al término de tomar las decisiones desde el aparato de la administración pública pasan a servir los intereses de las corporaciones privadas.

Ejemplares son los casos de los expresidentes del Gobierno José María Aznar (del conservador Partido Popular) y Felipe González (del Partido Socialista Obrero Español). Ambos han optado por apartarse de la política y del deseo de la defensa de los intereses públicos para, aprovechando el conocimiento de las administraciones que abandonan, rentabilizarlos desde el sector privado.

Con más de 5 millones de desempleados en España (casi el 23% de la población activa), con una situación alarmante entre los jóvenes -abocados a salir del país para encontrar una oportunidad- y al tiempo que las autoridades públicas instan a la ciudadanía a ‘ajustarse el cinturón’ asumiendo recortes y sacrificios para salir de la crisis, los ex mandatarios -con los ex presidentes del bipartidismo a la cabeza- son un ejemplo de pluriempleo y de buena gestión de sus propios intereses privados;

Aznar (presidente del Gobierno 1996-2004) ocupa diversos cargos y obtiene de ellos respectivos honorarios y beneficios. Es asesor de la compañía eléctrica Endesa. Presta, además, sus servicios a Rupert Murdoch como consejero del holding empresarial News Corporation con sede en Estados Unidos. Y es presidente de la Fundación FAES y asesor del Consejo Atlántico. En suma, percibe más de 350 mil euros brutos al año.

González (presidente del Gobierno 1982-1996) se desempeña como consejero de la compañía Gas Natural – Fenosa. Percibe una remuneración en bruto aproximada de 125 mil euros anuales. El legislador – de mayoría socialista en las dos últimas legislaturas, y de mayoría conservadora en la actual- desde el Congreso de los Diputados establece que los trabajadores españoles no podrán simultanear dos salarios. En base a la legislación, la justicia persigue el fraude que supone percibir más de un salario.La excepción a esta norma se da en el propio legislador, en la privilegiada clase política.

Los ex presidentes del Gobierno Aznar y González perciben cada uno cerca de 80.000 euros brutos anuales de los Presupuestos Generales del Estado, una retribución con carácter vitalicio a razón del cargo desempeñado, compatible con los sueldos que reciben de las eléctricas Endesa y Gas Natural Fenosa. Las autoridades se prodigan en las altas esferas del sector privado internacional en grandes corporaciones globales y entidades bancarias en una relación de dudosa ética. Atendiendo a las decisiones como responsables de lo público, y a los honorarios cuasi vitalicios que reciben luego por parte de las corporaciones beneficiadas.

En la sociedad cala el sentimiento de la connivencia político-económica que se pone de manifiesto y que no cesa de alimentar en estos momentos el círculo de intereses en juego durante la actual crisis económica. En lugar de comprar deuda de manera directa para evitar la especulación, el Banco Central Europeo continúa como en los últimos meses inyectando billones de euros a las entidades financieras al 1% de interés con las que éstas entidades se lucran al comprar la deuda soberana de países como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España a intereses sensiblemente superiores.

Entre tanto la austeridad es, por norma, la pauta de consenso en la Europa de los pueblos; austeridad a una mayoría en franco retroceso, cada vez más desprotegida en sus derechos y libertades, que se aleja en cuanto al poder adquisitivo de los inversores y gestores público-privados que dominan la escena de la sociedad globalizada.

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