Mientras unos miran hacia las escuelas y otros miran a las familias, los menores que cometen infracciones delictivas entran cada vez en mayores variados perfiles sociales que involucran a todos, entre ellos, las clases sociales media-altas.
Los últimos casos acaecidos la pasada semana por los que se detuvieron a menores, como el crimen de Nervión, o las denuncias de agresiones sexuales en el Hospital Virgen de Valme; han despertado a la opinión pública a pesar de la escasa información extraída. Son delitos tipificados como los más graves y, por fortuna, menos frecuentes entre los menores. Sin embargo, la delincuencia juvenil es una problemática social que incumbe a todos, pues además se ha extendido a otros sectores sociales. La crisis económica y las altas exigencias en el modo de vida podría ser uno de los factores que explicasen esta nueva delincuencia.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las últimas cifras publicadas respecto a la delincuencia juvenil datan del año 2013, en el que se inscribieron en el Registro Central de Responsabilidad Penal de Menores un 7,9% de infracciones penales menos que en el año anterior.
De las 25.814 infracciones realizadas por menores, el 23’2% se registraron en Andalucía, la Comunidad Autónoma con más menores condenados. A nivel estatal, los delitos de mayor incidencia fueron los robos, seguidos por los delitos de lesiones y, en tercer lugar, los de torturas y contra la integridad moral. Los datos del pasado año y de este aún se desconocen pero la preocupación sigue en alza.
A unas conductas delictivas no conformistas entre menores que transgreden las normas sociales para la convivencia colectiva es difícil darle una explicación objetiva, ya que es terreno arduo el de analizar este fenómeno, pero algunos factores influyentes explican las causas de los casos más habituales. Aunque cada individuo se debe a una circunstancia única, en muchas de estas ocasiones se suele reunir una serie de características en común.
Entre los casos más frecuentes, se encuentran grupos de jóvenes que, en su conjunto, “son víctimas de una importante marginación social, son personas que carecen de planes o proyectos de vida, que normalmente están vinculados en ambientes de ansiedad, de adversidad, desestructuración familiar, ausencia de responsabilidades y que sufren fracaso escolar”, explica Rosario Rodríguez Díaz, del departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla. Frente a estas circunstancias, los jóvenes son más proclives a envolverse en un entorno violento.
Se trata de jóvenes que asiduamente actúan en grupo, influenciados por las circunstancias de sus amigos en un bucle de difícil salida en el que buscan la identificación y el respaldo social “en una subcultura con carácter delictivo donde se suele rendir culto al desafío y en la que el que es capaz de cometer mayores atrocidades es el mejor valorado”, especifica Rodríguez.
Este fenómeno desfavorable que actúa por contagio se debe a que “las amistades son esenciales en este periodo, más allá de los padres o maestros, que han quedado en un segundo plano a estas edades”, concreta, cuando en edades más tempranas se les tenía como modelo de conducta.
No obstante, en los últimos cinco años, ese “tópico-típico” está cambiando, como alega el abogado coordinador del Turno de Reformas de Menores, Germán Venegas.
“Desgraciadamente, se viene apreciando que extrañamente cada vez con mayor frecuencia es el maltrato a los familiares-entre los delitos que sobresalen- que curiosamente, se produce en estratos medios-altos de la sociedad”, puntualiza.
Frustración, inconformismo o deseos de adaptación e identificación con la mayoría de los chicos son algunas de las características que define a este grupo de menores, los cuales parecen cumplir aparentemente ciertas normas y que “se podrían confundir con el chico que nos ayuda con los recados”, pero que cometen también actos violentos. “Son personas que están razonablemente incluidas en la sociedad, de cierta formación y estabilidad social o económica, que por no poder acceder a determinados caprichos, por ejemplo en el mundo académico, trasladan esa frustración a una cierta forma de violencia poco sensata”, explica Venegas.
“Los delitos cometidos por menores de estas clases sociales pasan desapercibidos porque el foco de visibilidad es mucho mayor en la otra extracción social marginal”, incrimina, considerando que es especialmente en estos casos donde el problema puede deberse a la estructura familiar del menor, ya que “hay dinero y condiciones favorables para reinsertarse pero no se reinsertan”, arremete Rodríguez.
Factores influyentes
Con motivo de la crisis económica, el deseo de mantener cierto nivel de vida se ha acentuado, los problemas de los adultos se trasladan a los menores, las dificultades en el entorno familiar se acrecientan.
Para Venegas, el principal fallo del problema reside “en la propia sociedad, una sociedad que da prioridad a cosas que no son prioritarias, como mantener un determinado nivel de consumo y de vida, que te hace respetado por tu grupo de iguales”, critica.
Una explicación psicológica a la situación de los menores la aporta la psicóloga forense Irene Casado. Según la experta, los menores que provocan los delitos más violentos suelen compartir rasgos psicológicos como la baja empatía, impulsividad o poca tolerancia a la frustración. En cuanto al caso de las presuntas violaciones, Casado, aunque no quiere generalizar, considera que podría estar vinculado a aquellos casos en los que los menores “suelen estar implicados en problemas de construcción de la identidad, sentimientos de culpa, baja autoestima…y son delitos en los que es esperable la reincidencia y la escalada de violencia”. Síntomas que están muy influenciados por el entorno socio-familiar, actuando como factores favorables o desfavorables a las infracciones.
Desde otro lado, hay que reconocer que la ilegalidad está en todos los ámbitos; en cambio, uno de los factores agravantes para cualquier sector social es “que no ocurra nada cuando se comete una acción delictiva, porque se pierde el miedo y puede convertirse en un hábito”, argumenta Rodríguez.
“El énfasis debería ponerse en el tipo de tratamiento que reciben los jóvenes durante el cumplimiento de sus medidas y en los medios con los que cuentan las Instituciones para llevarlos a cabo”, responsabiliza la psicóloga.
En definitiva, es la sociedad en su conjunto la que debe tomar partido en congruencia e interrelación con las diversas instituciones que afectan al menor: sean sus grupos de amigos, su familia, su escuela o la propia legislación. Ante todo, una de las bases de la clave de la cuestión se halla en la educación, en la que la familia, como primer agente socializador, es la primera que ha de tomar partido.
“La ‘Parentalidad’ hace especial énfasis en las interrelaciones que se establecen entre los críos y sus padres, tutores, cuidadores y/o responsables en general”, añade la antropóloga Carmen García, del departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada.
Por tanto, probablemente donde se debe buscar la clave de la problemática delictiva es, según García “en esas relaciones de cuidado y atención, que a la larga adquieren carácter recíproco de interdependencia y que se extienden a otros familiares o miembros cercanos de la sociedad”, indica en la participación de la investigación liderada por el Grupo de Estudio Transcultural del Parentesco-Grupo de Investigación en Antropología Fundamental y Orientada GETP-GRAFO.
Para intentar paliar esta situación García comenta que “los sistemas de vigilancia y apoyo social, los educativos y los de reeducación y reinserción han de estar muy bien coordinados”, a lo que también insiste en que para ello ha de darse un flujo continuo de información entre los distintos estamentos con su correspondiente grado de implicación.
Según lo consultado, lo principal es que el individuo se sienta bien valorado, querido, responsable y útil, en contraposición con aquellos que sufren fracaso escolar a edades tempranas y están insertados en entornos desestructurados.
¿Qué tiene en cuenta la ley del menor?
A ello responde Venegas, que incide en contra de que se considere “blanda” la actual Ley de Responsabilidad del Menor, puesto que antes de que el fiscal proceda a una determinada sanción, los jóvenes se someten a un examen que establecen los equipos técnicos compuestos por psicólogos y trabajadores sociales que realizan el perfil del menor. “De manera que se evalúan muchas circunstancias y se tiene en cuenta la existencia o carencia de antecedentes delictivos”, concreta el abogado.
Sin embargo, Rodríguez señala al respecto que hay estudios importantes, como el del famoso sociólogo William Chambliss, que manifiestan cómo los hechos tipificados como delincuencia no tienen el mismo valor según el entorno socio-económico y cultural al que pertenezca el individuo que los cometa, siendo los de la clase media-alta a los que más se suavizan las penas.
A coalición de la actual legislación también aporta su opinión Irene Casado, quien está de acuerdo en la vigente diferenciación de márgenes de edad, divididos entre los 14 y 16 años y de los 16 a los menores de 18 “porque en estos casos el nivel de desarrollo no se puede comparar”.
En cambio, Casado añade que “en este país la edad biológica se tiene en cuenta como única variable en este aspecto para establecer las medidas, y a mi juicio este criterio queda incompleto”, ya que considera que la ley debería ser más flexible en este aspecto para tener en cuenta las necesidades del individuo y su desarrollo psicológico.
“La sociedad los hace menores para unas responsabilidades y para otras no por el concepto que tal vez tenemos de lo que son los menores”, considera a su vez Rodríguez por aquellos menores de 14 años a los que se les exime las penas.