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¿Debe renunciar la Infanta a su condición? Por Adrián Yánez

El juez de Instrucción número 3 de Palma considera a la infanta Cristina como «cooperadora necesaria» por tener un papel «imprescindible» en el fraude presuntamente cometido por Iñaki Urdangarín.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente ‘pantalla’ de la que ambos son propietarios.

Según informan agencias, así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, que ha dictado este lunes y en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.

Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón. En su resolución judicial, Castro apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.

El juez Castro ha desestimado de este modo la petición efectuada por la defensa de Doña Cristina, cuyos abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, aludieron a la doctrina Botín pedir el sobreseimiento de la causa contra la hermana menor del Rey, al considerar «jurídicamente inadmisible» que pudiera sentarse en el banquillo.

Los letrados sostienen que sobre su patrocinada no pesa responsabilidad penal alguna en el marco de estas pesquisas. Del mismo modo, el fiscal Pedro Horrach solicitó archivar la imputación de la Infanta al recriminar que se le acuse en base a «sospechas» y a un «raquítico ‘pudo saber'», lo que a su juicio la sitúa en una «posición de indefensión»