El informe eclarece que en 2013 se ha reducido el número de denuncias pero recalca que esto no quiere decir que haya habido menos personas afectadas por la tortura.
Así, Sevilla encabeza la lista de situaciones y personas afectadas de las provincias andaluzas. Siendo 11 las situaciones y 15 las personas víctimas de tortura en la provincia sevillana de las 35 situaciones y las 76 personas afectadas en el total andaluz.
La Coordinadora para La Prevención y Denuncia de la Tortura, que está integrada en Andalucía por el Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Federación Andaluza ENLACE ha presentado el Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año 2013 este jueves, en el que se. En él se recogen todas las informaciones sobre malos tratos y torturas de personas privadas de libertad o en la propia detención en esta Comunidad Autónoma.
Se entiende por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento.
En este informe se recogen 36 situaciones en Andalucía en las que se produjeron agresiones y/o malos tratos que afectaron a 76 personas que entrarían dentro de esta definición.
No se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2013, algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estabatotalmente contrastada.
Según la Coordinadora para La Prevención y Denuncia de la Tortura hay que tener en cuenta que un importante número de casos detortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios deInstituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian «nunca», ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas.
Denuncias según funcionarios denunciados en 2013 en Andalucía Personas afectadas
En el informe del año 2013 se han reducido tanto el número de personas afectadas como de casos respecto al informe del año anterior, pero de estos datos no se puede deducir que haya habido una reducción del fenómeno de la tortura, sino sólo que la CPDT ha recibido menos denuncias, de hecho, el miedo a sufrir represalias, la desconfianza en los Tribunales de Justicia e instituciones, junto a la agudización de la crisis económica han influido en la disminución en el número de denuncias presentadas por tortura y/o malos tratos, pero La Coordinadora para La Prevención y Denuncia de la Tortura teme que la reducción del número de denuncias no conlleva una reducción del número de situaciones.
Según este informe, también se mantiene la tendencia observada en años anteriores en cuanto a no denunciar las agresiones sufridas por las personas que participan en distintas movilizaciones sociales. Ello se debe, según muchos de los testimonios recibidos, al temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de policía y por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones. «Nótese que el incremento de años anteriores de denuncias en movilizaciones fueron las que elevaron el número de denuncias».
Este año, además, de las 17 personas que fueron agredidas al intentar documentar las actuaciones policiales (algunas eran periodistas, otras particulares), una de ellas tuvo lugar en la localidad gaditana de San Roque. C.J., periodista de la Televisión Local de San Roque (Cádiz), denunció haber sido agredido por un agente de la Policía Local de la ciudad gaditana el 23 de octubre de 2013, cuando intentaba efectuar un reportaje sobre los controles policiales en un polígono.
Otros profesionales que formularon denuncias por haber sido agredidos por los agentes fueron los abogados mientras ejercían o esperaban para ejercer sus funciones. En concreto se recogen los hechos acaecidos el 2 de febrero en Sevilla por la Policía Nacional y 31 de diciembre en Ayamonte en la Guardia Civil.
Las denuncias en las prisiones no han cesado, y continúan produciéndose, 4 situaciones en la prisión de Sevilla II-Morón, 2 en las de Córdoba y 1 en la de Sevilla. Siguen, por tanto, destacándose Morón y Córdoba.
Por otra parte, el informe de este año incluye un especial sobre ‘Frontera Sur’. Deben destacarse el uso de material antidisturbios en la lucha contra los migrantes y muy especialmente los acontecimientos del pasado 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta, con la muerte de al menos 15 personas durante la actuación de la Guardia Civil para evitar un intento de entrada por vías irregulares a territorio español, y la desastrosa gestión posterior de los hechos por parte del Gobierno español. De igual forma es preocupante el intento de buscar un “paraguas” político-jurídico para justificar las conocidas como “devoluciones en caliente” a través de la supuesta cobertura del tratado bilateral hispano-marroquí, de inverosímiles redefiniciones del concepto frontera (las inexistentes “tierras de nadie”, la idea de que no se entra en territorio español hasta que se supera el último obstáculo fronterizo material o humano…) todo lo que facilita la práctica de la tortura por las fuerzas marroquíes. Se vulnera el Derecho internacional y español en materia de asilo, y tampoco se observan el interés superior del menor ni el principio de no devolución a países donde haya constancia de violación de Derechos Humanos de las personas migrantes.
Finalmente señalar que, en el Estado español, entre el año 2001 y 1012 hemos conocido un total de 752 sentencias condenatorias por tortura y/o malos tratos, tanto por delitos como por faltas –delitos, 379; faltas, 373-, pero hay que hacer constar que desde la denuncia a la sentencia transcurre una media de entre 5 y 6 años. En Andalucía, el número de sentencias condenatorias es 127.