Juzgados de Sevilla
Audiencia Provincial de Sevilla / SA

La Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la denuncia presentada el pasado mes de febrero por los magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– por «sobrecarga» de trabajo, ha emitido un informe en el que alerta de que las actuales causas de especial complejidad, que ascienden actualmente a 32, implican «un importante nivel de exigencia para los magistrados», tanto por el elevado número de sesiones de juicio que se precisan como por el tiempo extraordinario y especial dedicación empleado en su resolución.

Así se recoge en el informe de valoración sobre exposición a factores de riesgo psicosocial y propuestas de medidas preventivas de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del CGPJ, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que, entre otras cuestiones, se evidencia la carga de trabajo que soportan los magistrados, por encima de la media nacional.

Los magistrados de las secciones penales presentaron una denuncia en febrero ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del CGPJ, en la que solicitaban que se analizara la situación de riesgo para la salud física y psicosocial de los jueces por la situación de sobrecarga de trabajo y que se propusiera, llegado el caso, tanto a la Comisión Permanente del CGPJ como a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las medidas gubernativas que hicieran compatible el desarrollo de la profesión y la protección de la salud.

Ante esto, el CGPJ procedió a la activación del sistema de alertas para detección de factores de riesgo psicosocial y puso en conocimiento de la Comisión Permanente del Consejo la comunicación efectuada y valoración preliminar de la Sección de Prevención.

Así, se recabó información del Servicio de Inspección del estado de situación de las cuatro secciones, así como del TSJA y del presidente de la Audiencia, las medidas que se contemplaban para afrontar la situación denunciada por los magistrados.

El informe del Servicio de Inspección, de fecha 7 de marzo, pone de
relieve la situación y evolución de las cuatro secciones durante los años 2015, 2016 y 2017 respecto de la carga de trabajo que soportan, «superando el indicador fijado por el CGPJ y presentando una tendencia al alza, ingreso que, en las dos últimas anualidades examinadas, ha sido superior a la media nacional y autonómica».

La dedicación de los magistrados

En este sentido, expone que el indicador de resolución de las secciones ha ha sido superior al fijado como criterio técnico por acuerdo del Pleno del CGPJ de 22 de abril de 2010 durante los años 2015, 2016 y 2017. Además, el indicador de resolución de los magistrados evidencia que «la dedicación alcanzada por los magistrados supera los objetivos de cumplimiento previstos, en especial el magistrado Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz, «por la asunción de una carga de trabajo que excede de la reconocida», pues actualmente cuenta con una reducción del 50 por ciento de la carga de trabajo reconocida.

Consta en el informe del Servicio de Inspección la existencia en el momento actual de 32 causas de especial complejidad tramitándose en las cuatro secciones, entre ellas las de los ERE, Mercasevilla o Invercaria. Éstas, por el número de partes o volumen de las actuaciones, pueden dificultar la labor jurisdiccional, tanto del ponente como del resto de magistrados que integran el tribunal, pues algunos de estos asuntos, al margen de la dificultad y especial dedicación que exige su resolución, se traducen en numerosas sesiones de juicio.

Las normas de reparto vigentes en la Audiencia consideran asuntos de especial complejidad aquellos que excedan de tres mil folios o cuenten con ocho o más intervinientes personados, sin incluir al Ministerio Fiscal.

De otro lado, el informe de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales señala que la Audiencia, en la actualidad, cuenta con dos comisiones de servicio con relevación de funciones, por un plazo de seis meses, como refuerzo para todas las secciones penales.

En concreto, los dos magistrados nombrados para el desempeño de dichas comisiones han quedado adscritos a la Sección Primera, como consecuencia del juicio de los ERE y de que Juan Antonio Calle Peña, como ponente del referido procedimiento, está exento de reparto desde la segunda quincena del mes de julio de 2017. Además, hay una comisión de servicio sin relevación de funciones por la reducción de carga de trabajo al 50 por ciento del magistrado Gonzaga de Oro-Pulido Sanz.

De otro lado, el TSJA ha informado de que, entre las medidas adoptadas hasta el momento, está pendiente la adscripción de un Juez de Adscripción Territorial de refuerzo cuando lo permitan las disponibilidades, «las cuales serán, sin duda, más favorables con la entrada en funcionamiento de las nuevas plazas judiciales en la capital, a más tardar a finales del próximo mes de junio».

Por su parte, el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, traslada al CGPJ las medidas «más relevantes adoptadas hasta el momento», entre ellas, la revisión del reparto de asuntos entre las secciones, o el refuerzo de la Sección Primera.

Tras recabar información de la situación actual de las secciones penales, el CGPJ advierte de que de concurrir circunstancias de salud que originaran situaciones de incapacidad temporal, «pudiera conllevar un incremento en la carga de trabajo para los magistrados haciéndoles más vulnerables al riesgo de estrés
laboral, pudiendo repercutir negativamente en la salud de los mismos».

Entre los riesgos y factores de riesgo detectados en evaluación inicial a 23 de julio de 2015, el CGPJ apunta riesgos de fatiga física, visual y mental moderados, generados por el equipo de trabajo suministrado, indicando que «los programas informáticos no se adaptan a la tarea a realizar ni son fáciles de usar, así como por la falta de sillas de trabajo adecuadas o que, a excepción del presidente de cada sección, el resto de magistrados comparten despacho.