Luis Bárcenas y Francisco Correa / SA

El extesorero del Partido Popular, Luís Bárcenas ha sido condenado a 33 años de prisión y 44 millones de euros de multa y 52 años para el empresario Francisco Correa. El Partido deberá pagar una multa de 245.000 euros.

Durante la mañana de este jueves se ha conocido la sentencia de la Audiencia Nacional hacia el Partido Popular por la financiación ilegal. La Audiencia certifica que el PP se financió con una ‘caja b’ en su sede central. La trama de corrupción más profunda de la historia de la democracia tiene en este 24 de mayo una fecha señalada.

La Audiencia Nacional ha condenado al ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 y 11 meses años de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Se convierte así en el primer partido político en democracia condenado por corrupción.

El extesorero del PP, Luís Bárcenas ha sido condenado a 33 años de prisión por evadir 11,5 millones de euros en impuestos entre 2000 y 2009 y apropiarse de 1,24 millones en comisiones por facilitar contratos públicos a empresarios que le presentó Correa. Además deberá pagar una multa de 44 millones de euros.

Francisco Correa, por su parte, ha sido sentenciado por el tribuna a 52 años de prisión. Ha sido considerado como director de la red corrupta implantada en el PP nacional durante la época de Aznar y que trasladó a la Comunidad Valenciana a la llegada de Mariano Rajoy.

Los jueces también consideran probado que la exministra de Sanidad, Ana Mato, se lucrase con la red de corrupción. Además su marido, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, recibió regalos de la trama.

El PP recurre la sentencia al Tribunal Supremo

Desde Génova han informado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. En un comunicado han mostrado su siguiente paso judicial en este caso. «Respetamos a los tribunales y sus resoluciones judiciales», pero asegura que en este caso «no comparte su contenido» y por eso recurrirá la sentencia, que no es firme. Será el Tribunal Supremo el que, en última instancia, decida sobre el caso.