Los cinco taxistas llamados a declarar este lunes por el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones por la parada de taxis del aeropuerto, se han acogido finalmente a su derecho constitucional a no declarar.
Estos cinco taxistas habían sido llamados a declarar por la citada instancia judicial, como consecuencia de los «daños» perpetrados recientemente en los aseos de la terminal de llegadas del aeropuerto hispalense.
La juez instructora del caso solicitaba a la dirección del aeropuerto de San Pablo que informase del «estado» del contrato de alquiler relativo a las dependencias del recinto aeroportuario ocupadas por la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, un contrato dado ya por «finalizado» por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
La juez también ofrecía a la dirección del aeropuerto la posibilidad de ejercer «acciones» legales con relación a los «daños» perpetrados el pasado 23 de febrero en los aseos de la terminal de llegadas, toda vez que tales daños habrían sido perpetrados unas semanas antes de la finalización formal del mencionado contrato de alquiler.
En diciembre de 2017, el aeropuerto de San Pablo formulaba una primera demanda de desahucio ante los Juzgados de Primera Instancia, por el supuesto «incumplimiento» de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección del aeródromo de San Pablo y la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, para el alquiler de este local.
Y es que según el aeropuerto, los términos de dicho contrato de alquiler no contemplarían el uso del local para fines como la explotación de un bar, extremo que llevaba a AENA a solicitar la rescisión del mencionado contrato.
A la espera de una resolución judicial derivada de dicha demanda, el pasado 31 de marzo finalizaba según AENA la última prórroga de dicho contrato de 2010 y aunque era posible una nueva prórroga siempre que ambas partes estuviesen de acuerdo, la dirección del aeropuerto habría remitido un burofax a Solidaridad Hispalense del Taxi, comunicando que daba por «finalizado» el contrato a la citada fecha.
Superada la fecha en cuestión sin que el local hubiese quedado expedito, y cometidos los citados «daños», el aeropuerto decidía interponer una nueva demanda de desahucio, esta vez por la «finalización» de dicho contrato de alquiler y siempre para reclamar el desalojo del establecimiento.