Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido este lunes la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por apuntar que el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en el caso de La Manada, Ricardo Martínez, tiene algún «problema singular» y que «todos lo saben».
Las asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones en la mañana de este lunes ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.
«La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia», reza el comunicado.
En su nota exponen que el «verdadero peligro» es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la «confusión intencionada» de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, «respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones».
«Hoy es por el juicio de ‘La Manada’ pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno», reza la nota en la que recuerdan que Catalá ya fue reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados en mayo del año pasado por su postura ante determinados casos de corrupción que afectan a compañeros suyos del Partido Popular.
Las cuatro asociaciones judiciales han tildado de «irresponsables» e «intolerables» las manifestaciones del ministro de Justicia y han expuesto que si es conocedor de que realmente tiene un problema el magistrado, lo que tendría que haber hecho es ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El juez de la Audiencia Provincial de Navarra fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios del año 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Sin embargo, y según informa el CGPJ, en el actual mandato del consejo de gobierno no se ha incoado ningún expediente disciplinario contra el magistrado.
Los jueces de Navarra también piden su dimisión
Por otro lado, los jueces y magistrados de Navarra han pedido la «inmediata dimisión» del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las manifestaciones realizadas este lunes referentes al juez que emitió su voto particular en la sentencia del caso La Manada, una actitud la del ministro que consideran «especialmente escandalosa».
El comunicado remitido este lunes con ocasión de la sentencia conocida el pasado jueves está firmado por los jueces y magistrados de Navarra y de las secciones territoriales de las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
En la nota, los jueces y magistrados señalan que «especialmente escandalosa resulta la actitud del ministro de Justicia, señor Catalá, único ministro reprobado en nuestra democracia, quien sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional, con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular ‘tiene algún problema singular que todo el mundo conoce'».
En su opinión, «estas manifestaciones que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia deberían provocar su inmediata dimisión».
Afirman los jueces que «el Estado de Derecho se sustenta en el respeto a la ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los jueces y magistrados que integramos el poder judicial siendo fundamental en una sociedad democrática la confianza y el respeto hacia las instituciones».
Según continúan, «como integrantes de uno de los tres poderes del Estado, las decisiones de jueces y magistrados están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones».
Afirman que «la independencia judicial garantiza el sometimiento de jueces y magistrados únicamente al imperio de la ley, ley que emana del pueblo a través del poder legislativo, sin que en ningún caso sea posible apartarse de esa ley y actuar movidos por prejucios, juicios paralelos o presiones siendo mucho más importante garantizar ese respeto a la ley que los reproches sociales que nuestra labor puede provocar pues solo de esa manera garantizaremos el funcionamiento del Estado de Derecho». «Ese respeto a la ley es el que fundamenta todas y cada una de las resoluciones que cada día se dictan en los juzgados a los que los ciudadanos acuden a resolver sus controversias», manifiestan.
«Comprensible que no se entienda»
A su juicio, «es comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial». «Es admisible e incluso deseable que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el poder legislativo de quien emanan las leyes que los jueces aplicamos», indican.
Los jueces y magistrados de Navarra añaden, no obstante, que «el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia».
Afirman que la sentencia de la Audiencia Provincial referente a los cinco integrantes de la ‘Manada’, «tras la celebración de un juicio regido por los principios constitucionales de defensa y contradicción», ha llevado a cabo «un minucioso análisis de las pruebas practicadas, ha consignado unos hechos declarados probados y ha concluido una calificación jurídica conforme a una extensa motivación».
«Esa calificación jurídica, muy compleja por otro lado, puede compartirse o no, y por este motivo nuestro sistema prevé también un régimen de recursos que permita revisar lo resuelto y mantenerlo o modificarlo», manifiestan, para añadir que todavía dos órganos superiores, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, «podrán revisar todas aquellas cuestiones respecto de las que exista desacuerdo».
Aseguran en el comunicado que «el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo ésta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado, es decir, de los representantes de la soberanía nacional y de los miembros del Gobierno».
Por ello, afirman que «resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al poder judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor».