La renuncia, que se intuía desde hace unos días, ya fue comunicada por el propio Carrillo el pasado viernes a la dirección de su partido, que mañana tendrá que decidir si lo mantiene como concejal sin delegación.
Las fuentes socialistas han apuntado que Carrillo tiene previsto mantener mañana una reunión con el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, para exponerle la situación abierta tras su anuncio de renuncia.
Carrillo, quien anteriormente dirigía la Concejalía de Urbanismo, fue relegado por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a la Delegación de Recursos Humanos cuando se alineó con los oficialistas en el pasado congreso provincial, y apoyó al actual secretario general provincial, José Antonio Viera en vez de al crítico Demetrio Pérez, que contaba con el respaldo de Monteseirín.
Las tensiones en el Consistorio entre críticos y «vieristas» llegaron a tal punto que el entonces presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, llegó a intervenir para auspiciar una paz entre ambas corrientes, que con este último episodio podría volver a romperse.
Dos «discrepancias» en tres días
Tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe. Con el refranero popular se puede resumir una semana plagada de augurios en los que muchos esperaban la decisión del delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Emilio Carrillo, después de la desautorización del resto del gobierno local, por el edificio de Diego de Riaño.
Mientras que Carrillo hablaba de mantener el edificio cerrado (tras los movimientos registrados en el mismo), hasta contar con estudios serios en la materia, la portavoz Maribel Montaño, hablaba el jueves de «regreso» al centro de trabajo para los empleados municipales del citado edificio. Finalmente los sindicatos apoyaban a Carrillo y se quedaban en la calle, y el viernes calificaba de «discrepancia» el conflicto creado y auguraba «que no podría dilatarse su solución más allá de unos días».
A esto se suma la caída de la Junta de Gobierno local, del acuerdo marco laboral suscrito por Carrillo con los sindicatos y aprobado en Pleno. Esto supone de lleno, la pérdida del carácter de resolución plenaria, que tenía dicho acuerdo, por lo que en la práctica resultaba una desautorización a Carrillo.
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