El portavoz del PP de Sevilla nunca se ha mostrado conforme con el plan del centros que puso en marcha el Gobierno y por el que se restringe el acceso al centro de la ciudad para los vehículos particulares, con una limitación de 45 minutos circulando por él. Por lo que Zoido ha manifestado que si saliese alcalde “el plan del centro será historia”.
Sevilla Actualidad. Al portavoz del Grupo Popular, Juan Ignacio Zoido, sigue sin convencerle el plan del centro que está llevando a cabo el Gobierno hispalense ya que lo considera ilegal y que es una auténtica imposición del gobierno. Así que, ha asegurado que “si el próximo 22 de mayo es elegido alcalde el plan del centro será historia”.
Zoido ha acusado al alcalde de “no querer retrasar la aplicación del plan hasta que todas las personas interesadas regularicen su situación, propuesta que ayer el gobierno se negó a debatir en el pleno municipal”.
Según el portavoz del PP, “todos los días se forman colas de 45 minutos en la sede del distrito Casco Antiguo para intentar regularizar su situación para poder acceder al centro como residentes, los vecinos han asegurado que les ha sido imposible realizar sus gestiones por lo que piden un retraso en la aplicación de la norma”.
Hace casi un mes ya, el Grupo Popular interpuso un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la suspensión cautelar del plan.
Según se explica en el recurso «el plan del casco histórico que dice por dónde se puede y no se puede circular, ni si quiera ha sido publicado en el Boletín Oficial del Provincia (BOP)» y «la ordenanza no recoge ni la delimitación de las calles ni la limitación de los 45 minutos».
De este modo, Zoido ha señalado que se han visto obligados a recurrir al TSJA «para que se anule el cierre del tráfico al centro y se proceda a la suspensión inmediata de esta prohibición mientras la Justicia dictamina sobre la suspensión cautelar y, posteriormente, sobre la posible ilegalidad de la medida».
El Portavoz Popular ha argumentado que «hay causas más que suficientes para considerar nula de pleno derecho esta restricción porque se están lesionando derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional», como «el derecho a la igualdad, a la libertad de residencia y libre circulación y el principio de legalidad».