Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta, ha modificado este lunes su versión en el juicio a la pieza política del caso de los ERE, frente a la que prestó en 2011 y 2012, sobre las que ha dicho que «en ese momento tenía mucha presión mediática y Policía para declarar».

El cambio en el testimonio de Guerrero ha marcado una nueva sesión de la vista a la pieza política del caso de los ERE, que sienta en el banquillo a 22 exaltos cargos de la Junta, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre ellos, que este lunes se ha reanudado con el interrogatorio a los acusados, que Guerrero ha abierto.

El exdirector general de Trabajo anunciaba esta mañana que solo respondería a las cuestiones planteadas por su abogado, ante lo que la Fiscalía ha pedido la lectura de sus declaraciones ante los cuerpo de seguridad del Estado entre 2011 y 2012, cuando tenía lugar la investigación judicial. Guerrero declaró entonces que no conocía que entre los ERE subvencionados por la Junta aparecían «intrusos», es decir, personas que nunca habían tenido relación laboral con las empresas en las que entonces se prejubilaban, apuntando hacia arriba al señalar que «solo aplicó el sistema que sus superiores le impusieron». Guerrero afirmó entonces que el que fuera viceconsejero de empleo y presidente del IFA Antonio Fernández le comunicó desde 2001 que a partir de entonces las ayudas sociolaborales que el departamento de Guerrero gestionaba se concederían de acuerdo con el convenio entre el consejero de Empleo, José Antonio Vieira, e IFA, para «evitar reticencias en la Intervención, pero no controles». Guerrero dijo que el sistema «no le parecía adecuado», y que mandó regularlo mediante órdenes y decretos que «no pasaron de borradores» por no superar «el filtro de los consejillos», esto es, las reuniones de los viceconsejeros. Guerrero defendió ante las autoridades que aunque no pedía autorización para conceder las ayudas sí daba cuenta de las actuaciones del departamento y estas estaban en conocimiento del Consejo de Gobierno, así como que tenía «constancia» de como tras el escándalo del caso Mercasevilla se habían «destruido documentos».

Guerrero ha rechazado este lunes ratificar sus antiguas declaraciones ya que «en aquellos momentos  tenía una presión tremenda tanto mediática como de la Policía para que declarara y además entiendo que no se recoge exactamente lo que dije». La defensa del exdirector de Trabajo ha protestado por esta lectura. Una vez termine tras el receso la lectura de sus anteriores declaraciones el interrogatorio a Javier Guerrero dará comienzo a cargo de su abogado.

La Audiencia rechaza suspender el juicio: «Resulta manifiestamente imposible»

La Audiencia de Sevilla rechaza suspender el juicio de los ERE, tumbando así la petición de varias defensas para su suspensión mientras no se diera traslado del contenido probatorio admitido a las acusaciones al principio de la vista.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla rechaza así en un auto la suspensión del juicio. En el documento, el tribunal considera que «la queja de las defensas por la admisión de las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal y la acusación popular ejercida por el PP choca frontalmente con la doctrina” del Tribunal Supremo y el criterio del Constitucional.
Para la Audiencia Provincial, «parece que los solicitantes olvidan que al inicio del juicio solicitaron nuevas pruebas no sólo el Ministerio Fiscal y la acusación popular ejercida por el PP, sino que las defensas» de varios de los ex altos cargos acusados también «solicitaron la práctica de nuevas pruebas», de manera que «la protesta que realizan resulta incomprensible».
«Aplicando la doctrina al presente caso, y teniendo en cuenta la larga duración de este juicio y la suspensión del mismo desde el 15 de enero hasta el 12 de febrero para resolver sobre las cuestiones previas planteadas, las pruebas propuestas pueden practicarse en el acto, es decir, sin necesidad de suspender o aplazar el juicio”, razona en el auto la Sección Primera.
De esta manera, la Audiencia se pronuncia en contra de la suspensión de la vista, que «resulta manifiestamente imposible» y «extemporánea», puesto que en la admisión de las pruebas de acusaciones y defensas «se ha respetado el principio de contradicción y de igualdad de armas», y además «las defensas  tuvieron conocimiento de las pruebas propuestas por las acusaciones en las sesiones del juicio dedicadas a las cuestiones previas”.
La Sección señala que la prueba contradictoria que pudiera rebatir o refutar a la propuesta por las acusaciones «debía haberse propuesto en el citado trámite de cuestiones previas», y recuerda que «todas las partes pidieron un aplazamiento de la vista para preparar el trámite de réplica a las cuestiones previas plantadas de contrario», lo que les «fue concedido» y por ello «tuvieron tiempo más que suficiente» para entonces proponer las pruebas «para rebatir o refutar las propuestas por las acusaciones».
 «Al finalizar la sesión de cuestiones previas, este tribunal fijó la fecha del 12 de febrero para la continuación de las sesiones del juicio, sin que ninguna objeción se opusiera por las defensas que ahora piden la suspensión”, concluye el auto.