Izquierda Unida, Participa Sevilla, el sindicato CCOO o Facua – Consumidores en Acción han criticado la devolución por parte del Gobierno municipal a la Junta de más de 362.000 euros en ayudas sociales destinadas a familias con mala situación económica, cerca de la mitad de las destinadas. El Gobierno ha respondido alegando que no se han gastado puesto que existen otras ayudas directas a las que se accede de manera «más ágil y efectiva».
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, denunció el martes la devolución del dinero, 362.700 euros en concreto, que se destinaron por el Programa de Ayudas Económicas Familiares para su gasto en 2017, a la Junta de Andalucía, suponiendo un 46% del dinero total, 779.393 euros, más el pago de 11.000 euros más en concepto de intereses de demora desde que se concedió la subvención a finales de 2016.
Rojas criticó que es un «auténtico escándalo que con la que está cayendo, con los índices de pobreza al alza, el Ayuntamiento se vea obligado a devolver a la Junta casi la mitad de las ayudas a familias con necesidades por no haberlas ejecutado».
Participa Sevilla se sumó también a las críticas de una situación «de extrema gravedad, teniendo en cuenta que en Sevilla están siete de los barrios más pobres de todo el Estado», y ha anunciado que la formación registrará una pregunta para el próximo Pleno sobre qué plantea hacer el Gobierno para que no se repita la situación. «Las necesidades de las personas no entienden de burocracia y son las mismas en enero que en agosto», ha sentenciado. La formación ha señalado también la necesidad de un cambio de modelo, y que el actual «deja sin recursos a familias durante el tiempo que se tarde en elaborar y tramitar la convocatoria», proponiendo en su lugar que el programa fuese «de carácter plurianual».
Facua-Consumidores en Acción, ha señalado por su parte que es «inadmisible» que el Consistorio deje sin distribuir un gran porcentaje de estas ayudas cuando «la brecha entre la población y el riesgo de pobreza es cada vez mayor», y recuerda que «se prorrogó el plazo de ejecución en dos ocasiones hasta llegar a los veintidós meses, ya que debía haberse empleado de enero a diciembre de 2016 y finalmente se ha ampliado hasta octubre de 2017».
Por su parte, el sindicato CCOO ha lamentado la devolución, y ha exigido que desde el Gobierno se tomen exige «medidas que favorezcan la participación de las organizaciones y agentes sociales para evitar que hechos indeseables como este vuelvan a producirse.»
El Gobierno asegura que se ha atendido a las familias con otras ayudas
El delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, ha destacado que durante el ejercicio 2017 las ayudas sociales directas concedidas a través de los Servicios Sociales alcanzaron los 4,3 millones de euros, de los que casi dos millones de euros se ejecutaron como ayudas al alquiler y casi un millón de euros para el pago de suministros básicos. A estas cifras hay que añadir más de 800.000 euros en ayudas directas para el pago de los recibos del agua a través del programa de Emasesa.
Desde el Gobierno aseguran que “Nadie se ha quedado sin una ayuda social con los informes de los Servicios Sociales. Simplemente que se ha optado en todo momento por la que se ha considerado que es la mejor solución para facilitar los recursos a quienes los necesitan y en la mayor parte de los casos se ha hecho a través del programa de las PPC evitando las incompatibilidades existentes con los beneficiarios de las Ayudas Económicas Familiares”, según ha explicado el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.
En este contexto, aseguran desde el Gobierno «los Servicios Sociales han priorizado a la hora de la concesión de las ayudas el Programa de Prestaciones Complementarias del Ayuntamiento que se ha incrementado sensiblemente así como las ayudas a través de Emasesa que tienen algunas causas de incompatibilidad con el programa de Ayudas Económicas Familiares de la Junta de Andalucía».