Descubren un segundo «intruso» en el ERE de Mercasevilla
Los prejubilados de Mercasevilla irán a los tribunales
Francisco R.B y José Antonio R.M. serían otros dos trabajadores vinculados a las irregularidades.
Sevilla Actualidad. Según el Partido Popular, el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Mercasevilla incluye dos nuevas irregularidades en el tema de las prejubilaciones. Los populares solicitan una investigación porque, según dicen, puede afectar a “altos cargos socialistas” de Madrid.
Sin embargo, los socialistas andaluces han destacado el “gesto de transparencia” del Gobierno de esta comunidad de haber remitido a Justicia 20 cajas de documentación sobre Mercasevilla para lograr que “se depuren las responsabilidades que sean necesarias».
Igualmente, el comité de empresa de la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha defendido las dos prejubilaciones del ERE de 2007 y asegura que no hay irregularidades.
Documentación del PP sobre dos nuevos “sospechosos”
El Partido Popular ha denunciado que Mercasevilla incluyó en el procedimiento del ERE a Francisco R.B, quien, exponen los populares, comenzó a trabajar en el mercado central de abastos en julio de 2004 cuando tenía 51 años y una vez que los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 en la empresa tenían como objetivo reestructurar la plantilla para rejuvenecer sus recursos humanos.
Según un documento de la Administración de la Seguridad Social, este trabajador fue dado de baja por última vez en octubre de 2007, acogiéndose luego al citado expediente de regulación de empleo.
El segundo caso de irregularidad que expone el PP se basa en un documento firmado en mayo de 2007 por el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, quien actualmente figura como imputado por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce.
En tal documento, Rivas autoriza presuntamente a Mercasevilla a incluir en el ERE de este año a José Antonio R.M. Sin embargo, el departamento de este trabajador ya había dictado diez días antes la resolución correspondiente a este expediente de regulación.
Según el PP, José Antonio figuraba en la bolsa de empleo de la empresa en 2006, aunque si bien su vida laboral no aparece en la documentación obtenida por el Juzgado de Instrucción número seis, que investiga este procedimiento.
El comité de Mercasevilla niega las irregularidades
En contra de las denuncias del PP, el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, ha manifestado a Europa Press que ya en 2004 criticaron tal contratación a cuenta de la naturaleza del ERE promovido el año anterior, ya que su intención no era otra que la de rejuvenecer a la plantilla.
Sin embargo ha aclarado que en esa época en la que se contrató a Francisco R.B. “ni tan siquiera había pensamiento de hacer un nuevo ERE y la empresa alegaba que necesitaba un electricista especializado», descartando así cualquier «ilegalidad» en esta prejubilación.
El presidente del comité también ha hecho referencia a la cuestión del documento firmado por Rivas, que incluía supuestamente a José Antonio R.M en el ERE de 2007 y que según los populares este trabajador no figuraba en la documentación del Juzgado.
Domínguez ha manifestado que esta persona “trabajaba en Mercasevilla. Hay nóminas y le hemos visto todos trabajando” después de haber accedido al mercado central de abastos mediante su bolsa de empleo.
Según Domínguez, tanto la compañía como el comité de empresa propusieron extender la resolución del ERE, ya que, dice, este documento contenía un “error administrativo”, puesto que excluía a José Antonio.
González Pons: “La Fiscalía no está actuando en el caso Mercasevilla”
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha puesto de relieve que, si el caso Mercasevilla estuviese relacionado con el PP y no con el PSOE, «la Fiscalía General del Estado estaría actuando».
Tales declaraciones las hizo en presencia del candidato a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ya que ambos comparecieron para informar sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Mercasevilla.
Así, González Pons ha explicado que el caso Mercasevilla «está siendo investigado a instancia de los concejales del ayuntamiento de Sevilla». Además, ha recordado que fue hace un año cuando compareció por primera vez, junto a Juan Ignacio Zoido, para informar sobre este caso que «está creciendo y donde se abren poco a poco distintas tramas».
González Pons ha presentado este caso «como uno de los ejemplos más claros de la doble vara de medir del Fiscal General del Estado», ya que «todavía no ha actuado».
El colectivo de prejubilados de Mercasevilla se encierran en el INEM
El colectivo de prejubilados de la sociedad mixta y los representantes sindicales se encerraron ayer al mediodía en la Dirección Provincial del INEM para protestar por el conflicto que se está generando en torno a las prejubilaciones.
Los trabajadores afectados van a pedir responsabilidades jurídicas sobre la financiación del ERE de 2007 a la Junta de Andalucía.
20 cajas de documentación para “depurar responsabilidades”.
El portavoz del PSOE en el Parlamento Andaluz, Mario Jiménez ha explicado que han remitido a Justicia 20 cajas con documentación de Mercasevilla para que se llegue “hasta el final y se depuren las responsabilidades necesarias”.
A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Jiménez ha asegurado que «Andalucía no es Valencia», aludiendo al caso Gürtel, y que el Gobierno andaluz tiene «tolerancia cero» a la corrupción.
Sobre la comparecencia de González Pons y Zoido para hablar de Mercasevilla, Jiménez ha indicado que el PP «llega tarde y mal como siempre». «Ya se le ha adelantado el Gobierno andaluz en un gesto de colaboración», ha concluido.
Por su parte, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado que «en unos días» se conocerán las conclusiones de la investigación interna abierta por la Junta de Andalucía para aclarar el desarrollo ERE de Mercasevilla en 2003 y ha subrayado que la Administración regional es la «primera interesada en aclarar las irregularidades que se hayan podido producir».