La exhumación de la fosa común de Pico Reja, en el Cementerio de San Fernando, está hoy más cerca con el acuerdo alcanzado este jueves entre el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación de Sevilla. Se calcula que las dimensiones de la fosa alcanzan los 700 metros cuadrados, mucho más de lo que se creía inicialmente, y podría albergar los restos de 1.100 personas, entre ellos, se cree, los de Blas Infante. El acuerdo llega después de que terminase la localización, señalización e investigación en la fosa a lo largo de 2017, y ha sido presentado por el alcalde de Sevilla juan Espadas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía Manuel Jiménez Barrios, y el presidente de la Diputación Provincial Fernando Rodríguez Villalobos.
El acuerdo suscrito servirá de marco legal para el desarrollo de actuaciones y para la firma de convenios específicos para a la localización concreta de fosas, exhumación de resto óseos y muestras biológicas para la identificación de las víctimas, así como a iniciativas para la difusión y conocimiento de la historia y la instalación de monumentos conmemorativos.
El proceso de exhumación se ejecutará mediante un convenio entre las tres administraciones que se enmarca en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y y del acuerdo marco suscrito el pasado mes de diciembre entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. El proyecto se ejecutará con el apoyo económico de las tres administraciones en varias anualidades, incluyendo la identificación de las personas, entre las que, se ha documentado, se encuentran relevantes personalidades políticas, sindicales y sociales de la Andalucía del momento, siendo la más destacada la del propio Blas Infante.
La fosa de Pico Reja, que data de en torno a 1936, alberga los restos de personas violentamente asesinadas durante la Guerra Civil, y ha sido objeto de trabajos e intervenciones arqueológicas, antropológicas y de documentación «minuciosa y con el máximo rigor», trabajos desarrollados por la empresa TCA Geomática después de que le fuese adjudicada un contrato de la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales.
Los trabajos, de hecho, han podido constatar que las dimensiones de la fosa alcanzan los 700 metros cuadrados, más de lo previsto inicialmente y que, por tanto, podría albergar restos de más de 1.100 personas, tal y como consta en distintos estudios realizados. Es más, de los trabajos ejecutados se desprende que además de los restos de personas represaliadas en 1936 que estaban documentados se han localizado en capas superiores y próximas a la superficie, enterramientos de fechas posteriores, tal y como se ha podido comprobar por los objetos que se han localizado en la fosa.
Estos estudios confirman así como se creía que los restos de hasta más de un millar de personas, 1.1000 en concreto podrían encontrarse en una fosa cuya extensión inicialmente se estimaba de menos de 200m2. Las investigaciones han revelado que las víctimas de la represión durante el curso de la guerra cuyo enterramiento había sido documentado se encuentran en las capas superiores y más superficiales.
“Hemos realizado todo este trabajo de la mano de las asociaciones memorialistas, de los expertos, de los sindicatos y de las otras administraciones. Pero sobre todo hemos trabajado pensando en los familiares que han podido visitar los trabajos y que han estado en permanente contacto. Hemos actuado desde la prudencia y el rigor y sólo hemos hecho públicos los resultados, que se presentarán de forma completa a las comisiones de participación y de expertos el próximo lunes, una vez que el recinto estaba protegido y asegurado”, explicó el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien destacó la envergadura de los trabajos que se tienen que llevar a cabo a partir de ahora.
El proyecto de presupuestos que se encuentra ahora en tramitación recoge una partida de 210.000 euros destinada a Memoria Histórica que será suplementada con otros 110.000 euros presentados vía enmienda del Grupo Municipal Socialista, con el objetivo de dar cobertura tanto a los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja como a la señalización y localización del resto de fosas documentadas en el cementerio de Sevilla, así como a otros proyectos relacionados con la Memoria Histórica.
Por su parte, Jiménez Barrios ha hecho hincapié en la necesidad de «extender al resto de administraciones, diputaciones y ayuntamientos especialmente, el compromiso de colaboración para dar impulso a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.».
Se calcula que solo entre julio de 1936 y febrero de 1937, el denominado periodo de ‘represión caliente’ vio el asesinatio de 12.000 personas que desaparecieron en fosas comunes, muchas de ellas aún pendientes de ser localizadas. A las intervenciones realizadas desde el inicio de la legislatura en fosas de los municipios como la del Castillo de las Guardas, El Madroño, Guillena, las dos de La Campana, las dos de Camas, la de Arahal, las dos de Guadalcanal, Villaverde del Río, Puebla de los Infantes, Utrera o las dos de Fuentes de Andalucía, y El Coronil, en las que restos de más de cien víctimas han sido recuperados, se prevé realizar actuaciones en Cazalla de la Sierra, Alcalá del Río, Almadén de la Plata, además de las pendientes de ser aprobadas por el Comité Técnico de Coordinación.