El Juzgado ha desalojado hoy a una familia que ocupaba ilegalmente un piso de Emvisesa a la que se habían ofrecido ayudas sociales y un piso de transición y su vivienda será adjudicada a una familia víctima de un desahucio de una promoción privada.
Así, en el día de hoy el Juzgado ha actuado en la promoción de Sevilla Este en cumplimiento de una orden judicial de desalojo para la ocupante ilegal de una de las viviendas, a la que se ha solicitado en repetidas ocasiones desde marzo de 2016 que abandonara la vivienda que había ocupado de forma irregular y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían de acuerdo con su situación socioeconómica. Así, se le han ofrecido una ayuda al alquiler durante un año y un realojo transitorio en una vivienda ofrecida por el Ayuntamiento. Ambas propuestas han sido rechazadas por la familia.
En el mismo momento en el que el Juzgado ha formalizado el desalojo, se ha tramitado la ocupación de la vivienda por parte de una familia con dos menores que han sufrido un desahucio de una vivienda de promoción privada, que se encuentra inscrita en el registro de demandantes de viviendas y que cuentan con un informe de excepcionalidad de los Servicios Sociales
La vivienda ocupada ilegalmente por esta persona estaba incluida en un proceso de adjudicación convocado en junio de 2015 y regulado por la normativa del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla. A dicha convocatoria, de 60 viviendas protegidas, concurrieron un total de 631 personas inscritas en el Registro de Demandantes, a las que Emvisesa fue citando por orden para reservar vivienda. Esta persona ni siquiera estaba inscrita entonces en el registro de demandantes de vivienda protegida. La vivienda ocupada permaneció vacía durante buena parte del anterior mandato municipal y se incluyó en la convocatoria referida en junio de 2015, no habiendo llegado a formalizarse la entrega en el momento de su ocupación ilegal.
Emvisesa y la OMDV han realizado un exhaustivo estudio de las circunstancias de la familia desde el día 28 de marzo de 2016, cuando una inspección de la empresa municipal advirtió de la ocupación ilegal de la vivienda y se le han ofrecido distintas alternativas para que procediera a salir de la vivienda y alojarse en alguna de ellas.
A las 10:00 horas de esta mañana, se hizo efectiva la orden de desahucio que, desde el pasado 22 de junio. Por su parte, el Ayuntamiento apuntaba que “se le había solicitado en repetidas ocasiones desde marzo de 2016 que abandonara la vivienda que había ocupado de forma irregular y que aceptase las ayudas sociales que se le ofrecían de acuerdo a su situación socioeconómica y todas las ha rechazado”. Ayudas sociales, que según Toñi consisten en la permanencia a corto plazo en un hostal o en un piso compartido donde toda su familia se vería obligada a compartir una habitación y a la cual no podrían llevar sus muebles y enseres. “No es una buena alternativa habitacional”.
El Ayuntamiento de Sevilla dispone de un protocolo de actuación que permite, de manera excepcional, adjudicar una vivienda protegida al margen del Registro de Demandantes. Desde su inauguración, el pasado 31 de mayo, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ha adjudicado 120 viviendas por este procedimiento. El requisito indispensable para acceder a este protocolo excepcional es contar con un certificado de vulnerabilidad por riesgo de exclusión social. A la fecha, la persona desalojada en el día de hoy no cuenta con este informe.
De hecho, la persona que ocupó ilegalmente la vivienda no ha sido víctima de ningún desahucio, sino que consta que vendió su vivienda en una operación fechada después de la ocupación ilegal del piso de Emvisesa, según la información que suministró de forma voluntaria. Dada esta situación socioeconómica se han ofrecido las ayudas y se han realizado los trámites necesarios de acuerdo con su perfil y con los criterios de la Oficina Municipal de Vivienda y de los Servicios Sociales.
La plataforma, se dirigió hacia Plaza Nueva, frente al ayuntamiento, donde acamparan hasta “percibir una solución que se adapte a las necesidades excepcionales de Toñi y los suyos”, decía el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Paco Gracia.
“Estoy dispuesta a luchar hasta el final. Hasta donde haga falta. Y mi lucha no es de ahora, que quede claro. Sabe Emvisesa, que yo ocupe la vivienda un viernes y el martes fui a decir: me he metido en la vivienda por este tema. Ellos saben mi problema desde hace dos años, no desde ahora. Y no estoy dispuesta a dejar a mis hijas en la calle”. Asegura esta vecina, también, haber pasado por un aborto “por los disgustos que tuve este verano porque estuve sola manifestándome, pero ahora tengo el apoyo de mi plataforma”.
De hecho así es, la concejal de Participa Sevilla en el ayuntamiento, Cristina Honorato, se pronunciaba así sobre el tema: “esta es la política del gobierno supuestamente socialista del señor Espadas: echar a las familias a la calle sin alternativa habitacional”.
“Venimos a denunciar que especialmente nos indignamos y nos cabreamos, más allá del drama personal de la familia, porque esto supone un incumplimiento más”. Honorato se refiere a una supuesta firma de un acuerdo: “para que pudieran sacar sus presupuestos firmaron un acuerdo donde se incluía la constitución de una mesa para las ocupaciones irregulares de viviendas públicas de Envisesa”. Así, terminaba contundente preguntando “¿cree el señor Espadas que con un millón de personas en Andalucía viviendo en la pobreza extrema, con más de tres millones y medio de personas que viven en riesgo de exclusión social, como esta familia, la gente ocupa las viviendas por deporte?”.