González Rojas en una imagen de archivo

Rojas recrimina al PSOE que venda como la panacea una reforma que no “va a la raíz del problema”

Garantizar una agilización real y efectiva en la tramitación de las licencias urbanísticas municipales. Eso es lo que se propone Izquierda Unida con el paquete de alegaciones que ha presentado a la nueva Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA), al entender que las últimas modificaciones introducidas por el gobierno de Juan Espadas (PSOE) son “puro maquillaje” y no “van a la raíz del problema que se pretende atajar”.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, quien espera que las propuestas de su formación política sean incorporadas a una normativa que, como se recordará, fue aprobada inicialmente en el Pleno de julio pasado con los únicos votos a favor de PSOE, PP y Cs en un “claro ejercicio de gatopardismo”, dado que dicho texto se queda en cuestiones formales y “no entra al fondo de la cuestión”.

Así, por ejemplo, IU apuesta en sus alegaciones por realizar un necesario análisis interno de los recursos y competencias de la Gerencia de Urbanismo y del servicio de Protección Ambiental con el fin de integrar todas sus funciones en un único órgano, algo que “incomprensiblemente” no se aborda en la ordenanza modificada.

“Nos han vendido una supuesta unión entre Urbanismo y Medio Ambiente cuando luego en la normativa se reconocen diferentes órganos competentes”, denuncia González Rojas, quien considera que de esta forma se da la espalda al dictamen del CESS, donde ya se apuntaba a esta disparidad de secciones y servicios como “el verdadero obstáculo para que esta ordenanza funcione de forma eficaz y eficiente”.

Otro grupo de las alegaciones de IU va encaminado a garantizar seguridad jurídica y un trato correcto a los técnicos y usuarios que quieren obtener licencia para sus negocios. En concreto, se aboga por que el Ayuntamiento garantice la documentación y atención personalizada tanto en Urbanismo como en el servicio de Protección Ambiental, “facilitando siempre un número de registro para agilizar consultas posteriores”.

Según Rojas, “aunque parezca lógico que cualquier ciudadano que registre una petición en el Ayuntamiento se vuelva a su casa con un sello y la oportunidad de hablar con el funcionario, la realidad actual es que por falta de medios y recursos esto no está pasando”. Una situación –ha añadido- que “deja indefensos a la mayoría de emprendedores de la ciudad que quieran montar un negocio”. De ahí que deba corregirse cuanto antes.

Por último, la formación de izquierdas también ha presentado una alegación para evitar las ambigüedades existentes a la hora de conceder o no el silencio administrativo. Así, se exige que en la ordenanza se recojan expresamente los supuestos en los que se pueden interrumpir los plazos “para garantizar que no se están vulnerando los derechos de los ciudadanos”.

Con todo, desde Izquierda Unida insisten en que si el gobierno de Espadas tuviera de verdad voluntad política para agilizar los expedientes urbanísticos, habría empezado por reforzar el personal de la Gerencia y de Medio Ambiente y por adoptar otras medidas para acabar con una administración arcaica que sigue “sumida en el siglo XIX”. “Pero lamentablemente el PSOE no parece dispuesto a coger el toro por los cuernos”, concluye Rojas.