El Ayuntamiento celebra tres sesiones extraordinarias, en una de las cuales se espera aprobar de manera definitiva la modificación presupuestaria de 13 millones de euros para terminar de financiar el modificado de Jürgen Mayer para el Metropol Parasol. Posteriormente, los diputados aprobarán un recorte del gasto municipal y la reducción del sueldo conforme a lo fijado por el Consejo de Ministros.
Sevilla Actualidad. Hasta tres sesiones extraordinarias celebra hoy el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. En la primera de ellas, prevista para las 08:30 horas, los diputados debatirán una modificación presupuestaria de 13 millones de euros para terminar de financiar el modificado elaborado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer para el proyecto de Metropol Parasol de reurbanización de la Encarnación.
De esta forma, el gobierno municipal pretende aprobar de manera definitiva esta modificación del anexo de inversiones de los presupuestos del ejercicio 2008, con la que se completa la inversión de 30 millones necesaria para terminar el proyecto, según fuentes municipales citadas por Europa Press. Cabe recordarse que en el Pleno del pasado mes de enero ya se aprobó otra modificación presupuestaria de 17 millones.
Pues bien, el modificado de Jürgen Mayer incluye un sobrecoste de 18 millones para afrontar el coste de la cubierta de madera y el sistema de unión entre las piezas, además de otras mejoras en el mercado, el pavimento de la reurbanización exterior, la seguridad y el suministro eléctrico, entre otras.
Al respecto del citado modificado, el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla emitió un informe en el que afirma que el proyecto Metropol Parasol debió paralizarse en 2007, cuando se determinó que no era «realizable», además de «resolver el contrato, redactar un nuevo proyecto y proceder a su licitación», y recomienda «depurar» responsabilidades. Cifra en un 70% el desvío presupuestario total del proyecto, cuyo coste alcanza ya los 89,6 millones de euros.
Así, precisa que «es en mayo de 2007 cuando se concluye que la estructura tal y como está concebida no es realizable» y considera que «estas circunstancias debieron detectarse en el proyecto de ejecución, lo que hubiera permitido una toma de decisiones con mayor conocimiento de causa y no encontrarnos ahora ante lo irreversible de la situación».
Concretamente, detalla que, en total, el modificado, aprobado el pasado día 21 en el Consejo de Gerencia de Urbanismo, supone una desviación de 29,9 millones de euros, que sumados a los 8,4 millones del primer modificado -musealización de los restos arqueológicos- sitúa la desviación en 38,4 millones sobre un presupuesto inicial de 51,2 millones.
Del mismo modo, apunta que «el poder de modificación no puede utilizarse para salvar posibles deficiencias o imprevisiones técnicas del proyecto, ya que casan mal con la exigencia de causa imprevista» y agrega que «no cabe confundir las ‘necesidades nuevas o causas imprevistas’ -supuestos que recoge la ley- con las simples imprevisiones derivadas de la inadecuada elaboración del proyecto, ni a nuevos criterios constructivos que ahora se consideren más convenientes y que no se tenían al momento de licitar el contrato».
En cuanto a las modificaciones propuestas en el citado modificado, apunta que, en lo que a la estructura de madera se refiere, «la exigencia deriva del hecho de que el proyecto era inejecutable, no estamos hablando de imprecisiones técnicas o errores en el proyecto, sino que lisa y llanamente el proyecto no podía realizarse».
Por tanto, determina que «es el momento» de analizar «si procede exigir al proyectista las indemnizaciones y responsabilidades establecidas», por lo que insta al órgano de contratación «para que inicie expediente para depurar las eventuales responsabilidades, si las hubiere, por el quebranto sufrido por el Ayuntamiento a consecuencia de la desviación en el presupuesto del proyecto».
Un proyecto “inejecutable”
En esta línea, insiste en que «no estamos ante errores sino ante un proyecto inejecutable y por tanto no estamos ante una modificación sino ante un nuevo contrato» y agrega que «el Ayuntamiento ya tuvo conocimiento a los pocos meses de iniciarse las obras de esta circunstancia», por lo que concluye que «la obra debió paralizarse en mayo de 2007, resolver el contrato, redactar un nuevo proyecto y proceder a su licitación».
«Ahora bien, no podemos desconocer que la actuación municipal ha inducido al contratista a la solución de mantenerse en el contrato», añade el secretario general del Consistorio hispalense, quien admite que Sacyr «desde 2007 ha colaborado en la búsqueda de una solución a la estructura, aportando y sufragando sus propios asesores».
Por tanto, dice no aconsejar a día de hoy la resolución del contrato «y sí su continuación una vez modificado, por cuanto el Ayuntamiento no puede ir en contra de sus propios actos y porque el interés público requiere que sea la propia empresa que ha encontrado la solución la que ejecute el proyecto».
Como conclusión, formula una serie de recomendaciones, tales como que «habría que ser más cauteloso a la hora de convocar concurso de ideas para la redacción de proyectos, dada la experiencia en este supuesto de que podemos encontrar una buena idea pero que sea inejecutable».
También señala que «sería necesario extremar los controles para evitar situaciones como ésta, en la que falló el proyecto del arquitecto, no fue debidamente controlado por la empresa concesionaria que presentó el proyecto y tampoco encontró reparo alguno en la oficina de supervisión».
Por último, el informe concluye insistiendo en que «la gravedad de la desviación presupuestaria obliga a que se inicie un procedimiento para determinar las posibles responsabilidades en el considerable incremento del coste del proyecto».
El Pleno aprobará las medidas de recorte
Posteriormente, y a las 10:30 horas, los diputados aprobarán en una segunda sesión el presupuesto general de la corporación, los organismos autónomos y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital local, el presupuesto consolidado, la plantilla y las bases de ejecución para 2010, así como el plan económico-financiero de reequilibrio.
En este sentido, la cifra general consolidada es de 1.119 millones de euros, lo que supone un 14% menos que el presupuesto del año anterior. En cuanto al plan de austeridad, éste rechaza el aumento de la presión fiscal, la congelación salarial, la reducción de plantilla, afección a los servicios públicos o a la viabilidad de las empresas, garantizando la finalización de los proyectos en marcha.
En esta iniciativa, asimismo, se propondrá una contención del capítulo 1 -subida media del 1,5% anual- y del capítulo 4 -manteniéndose las actuales transferencias-, con un ajuste de las inversiones y una reducción del capítulo 2 a excepción del crecimiento del gasto social. Se ejecutará un plan contra el fraude y se mantendrán los ingresos propios, mientras que el gasto de sueldos de altos cargos se reducirá en un 10%.
En lo relativo a los ingresos, los principales puntos de referencia son, al margen de la bajada de los ingresos estatales -con 20 millones menos en concepto de liquidación de entregas a cuenta-, la congelación de los impuestos municipales y el mantenimiento de las previsiones de recaudación propias, con una mayor coordinación interadministrativa y la «modernización» de la gestión. Los impuestos directos (276,7 millones) y las transferencias corrientes (268,9 millones) constituyen las mayores partidas.
Por otro lado, en lo tocante a los gastos se reducirá un 17,71% el gasto corriente no vinculado a servicios esenciales, con la contención de los gastos de personal, el ajuste de las inversiones a las actuales posibilidades económicas, el bajo nivel de endeudamiento y la reducción sustancial, en un 83,4%, de las aportaciones a las empresas municipales para ampliaciones de capital. Aquí los gastos de personal (294,5 millones) y las transferencias corrientes (235,5 millones) ostentan las mayores cifras.
Dentro del contexto de crisis, y en aplicación del decreto Ley promulgado por el Gobierno central para reducir el déficit de las administraciones públicas, el Consistorio aplicará una rebaja salarial que afectará a 5.459 funcionarios municipales o miembros del personal laboral en grados que oscilan entre los 18,28 euros y los 6.568,97 euros anuales, toda vez que el Consistorio hispalense espera alcanzar en 2012 un superávit de aproximadamente 8,3 millones de euros gracias al plan de austeridad. Se estudia, asimismo, que la plantilla de las empresas municipales también se puedan atener a este extremo.
Por otro lado, y en una sesión plenaria posterior, la Delegación de Hacienda introducirá el debate para la aplicación de las reducciones salariales de acuerdo con las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la reducción de los salarios de los alcaldes y concejales, con lo que el Consistorio espera rebajar los sueldos de sus cargos electos y de todos los altos cargos de su organigrama, sus organismo autónomos y sus empresas públicas, en porcentajes que van del 0,15 al 15 por ciento.