En la imagen, de izquierda a derecha: Rocío Muñoz Moreno, una de las investigadoras que han participado en el proyecto, María Teresa Maqueda, directora de la delegación de Relaciones Institucionales, Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde y delegado de RRII y María Ángeles Huete García, investigadora responsable del Centro de Sociología y políticas locales de la Universidad Pablo de Olavide.

El primer teniente de alcalde y delegado de Relaciones Institucionales, Antonio Rodrigo Torrijos, y la profesora María Ángeles Huete García, investigadora responsable del Centro de Sociología y políticas locales de la Universidad Pablo de Olavide, presentaron en la mañana de ayer las conclusiones extraídas del Diagnóstico de la población inmigrante en la ciudad de Sevilla.

Sevilla Actualidad. Este trabajo de investigación desarrollado por el equipo de trabajo de la profesora Huete surge a partir de un convenio suscrito en 2008 entre Relaciones Institucionales y el Centro de Sociología y políticas locales de la Universidad Pablo de Olavide, para elaborar una radiografía real, tanto de la población inmigrante censada, como de la no censada.

Este convenio, con una dotación económica de 55.000€, ha permitido la elaboración de este estudio, que ha tenido un año de duración – entre noviembre de 2008 y 2009- y en el que han participado entre cinco y ocho personas. Para su desarrollo se ha trabajado con una muestra de 2.274 personas, a las que se le han realizado encuestas domiciliarias, con un error máximo estimado de 1,98%, cuando en este tipo de trabajos el error suele rondar aproximadamente el 3%.

En palabras de Antonio Rodrigo Torrijos, “este trabajo es una magnífica herramienta para conocer a la población inmigrante que vive en Sevilla y, desde el punto de vista de la administración pública, calibrar qué cuestiones e iniciativas se están desarrollando con acierto y cuáles se pueden mejorar o en qué aspectos se debe incidir para una mayor eficiencia”.

El estudio ha partido de la diferenciación de distintos modelos de barrio en la ciudad, a partir de varios criterios: la intensidad (cantidad total de inmigrantes) y la heterogeneidad (en función de los países de procedencia) y la segregación (acumulación de personas inmigrantes por unidades censales).:

Cuestionados por los motivos de llegada, tanto a España como a Sevilla, las razones son, fundamentalmente de tipo económico y sociocultural (la necesidad de reencontrarse con amigos y familiares). Este dato varía un poco en la elección del barrio, que se hace más por razones materiales, por temas como la vivienda asequible o el nivel de equipamiento (El Cerezo, La Palmilla y El Rocío).

Un dato fundamental que aporta el estudio es la alta valoración que los inmigrantes le dan a España como sociedad de acogida, con independencia del modelo de barrio en el que vivan. Aún dentro de esta valoración positiva, los ámbitos en los que los inmigrantes perciben una mayor discriminación son la adquisición de viviendas y el acceso al empleo.

Con respecto a las administraciones que a ojos de los inmigrantes hacen un mayor esfuerzo en políticas de inmigración, se sitúa el Ayuntamiento de Sevilla, seguido por la Junta de Andalucía y ya, más alejados, el gobierno de la nación y la Diputación de Sevilla. En políticas sectoriales, los inmigrantes estiman que son la sanidad y la educación los aspectos que más favorecen su integración.

El estudio demuestra que los servicios municipales tienen claramente un mayor grado de aceptación y satisfacción que de conocimiento. En este sentido, Rodrigo Torrijos ha explicado que “desde el gobierno municipal se piensa acentuar la labor de difusión de los dispositivos para que sean conocidos por un mayor número de inmigrantes, impulsados por la confirmación de que en general son bien valorados por sus destinatarios”.

En políticas e iniciativas más concretas, cabe destacar la aceptación de las instalaciones deportivas -que funcionan como elementos de cohesión- y especialmente el bonobús solidario, una iniciativa que es significativamente bien valorada por los inmigrantes. En sentido contrario, encontramos la menor consideración de los presupuestos participativos, aunque la explicación es que una persona que llega a otro país por cuestiones económicas, de empleo o de relaciones sociales, no tiene normalmente dentro de sus principales intereses el de participar de forma activa en un procedimiento que requiere tanto compromiso con la ciudad, como son los presupuestos participativos.

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