Daniel Alberto Rivera a su llegada al juicio del caso ERE - EUROPA PRESS

El Juzgado de Instrucción Nº6 de Sevilla continuará como procedimiento abreviado las diligencias contra Daniel Rivera exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía por la supuesta concesión irregular de 873.470 euros, a Fulpresa y Flisa en los ERE.

Fundosa Ultracongelados y Precocinados S.A. (Fulpresa) y Fundosa Lavanderías Industriales S.A. (Flisa) pertenecen «a la Fundación ONCE y su sociedad instrumental Fundosa Grupo S.A., creada para defender los derechos laborales de las personas con discapacidad».

Según el auto del magistrado del TSJA, José Ignacio Vilaplana, se aprecian posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El instructor explica que no se puede depurar la responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en los hechos contra el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández; el exviceconsejero, Agustín Barberá, y el exdirector general de Trabajo, Juan Márquez. Esto se debe a que ya se les encausó por ellos en el procedimiento relativo a la ilicitud penal que investigaba el procedimiento para conceder las ayudas.

Fernández y Barberá cumplen condena de cárcel por su papel en el «procedimiento específico» de los ERE, mientras la pena de prisión de Márquez está suspendida, después de que el Tribunal Supremo la rebajase a 3 años.

No son las «mismas circunstancias»

El magistrado indica, además, que «no concurren» en Rivera «las mismas circunstancias que recaen en sus antecesores en el cargo». Añade que su exclusión de la causa, por los mismos motivos que se excluyó a Márquez, no procede porque a Rivera no se le enjuició «en la causa del procedimiento específico».

De este modo, como señala la Sección Séptima de la Audiencia, «al acordarse el sobreseimiento respecto del recurrente en la causa del procedimiento específico, debe depurarse la posible responsabilidad penal en que hubiese incurrido en cada una de las piezas incoadas para la investigación de las ayudas concretas en cuyo pago hubiese intervenido».

Meses atrás, la abogada defensora del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía lamentaba en el juicio por otra pieza separada de los ERE que, tras su exclusión de la pieza principal del «procedimiento específico», Daniel Rivera afronte su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena que llegan a los 300 años de prisión.

Indicios sólidos

En este caso, según argumenta el instructor en el auto, «concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo, se concedió y realizó, de manera injusta y arbitraria, el correspondiente pago de la ayuda ilícita objeto específico del presente procedimiento», añadiendo que su no exclusión de las correspondientes piezas separadas relativas a las ayudas concedidas a las empresas beneficiarias de las mismas y «la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de realizar pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión destaca en diversas resoluciones» por la Audiencia Provincial.

No es «causa excluyente»

Y ello es así «con independencia de que pudiera no haber tenido connivencia con sus predecesores en el cargo, pues dicha circunstancia no constituiría una causa excluyente de la antijuricidad de su conducta en relación a los hechos delictivos objeto del presente procedimiento; varios sujetos pueden cooperar, adhiriéndose a la perpetración de un delito en sus distintas fases sin una connivencia previa y expresa dirigida a su consecución, lo que podría diferenciar la coautoría -sucesiva o adhesiva- de la cooperación necesaria».

El juez explica además que «tampoco es óbice para continuar las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado el hecho de que, como titular de la Dirección General de Trabajo, propusiera en marzo de 2012 la revisión de oficio de las ayudas concedidas a Fulpresa y Flisa».

El juez expone que, «con independencia de lo expuesto, dicha actuación revisora (en el caso de Flisa) y/o de comprobación (en el caso de Fulpresa) iniciada o realizada por el investigado no puede valorarse como una circunstancia eximente o como una excusa absolutoria de los ilícitos penales en los que pudo tener participación -autoría- en el año 2010; aquella actuación, producida mucho tiempo después de perpetrarse los delitos que se deducirían cometidos» por el ex alto cargo, «una vez iniciada la investigación penal de los hechos en el marco de la causa matriz, no es constitutiva de supuesto alguno de exclusión o de exención de responsabilidad previsto en el Código Penal, pudiendo dar lugar, a lo sumo, a la apreciación de una atenuante de reparación del daño o análoga».

No es posible «trasladar la responsabilidad»

Además, y a juicio del instructor, en este caso no es posible «trasladar la responsabilidad» del investigado al entonces consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, por haber aprobado la encomienda de gestión de 27 de abril de 2010, o a sus predecesores en el cargo de la Dirección General de Trabajo, o a los responsables de la Intervención, General y Delegada, por la dejación de sus funciones de control administrativo de las ayudas investigadas en esta pieza separada de los ERE, ya que «el pago de tales ayudas ordenado» por el encausado «se habría realizado, precisamente, a sabiendas y con prevalimiento por su parte de la irregularidad del procedimiento de otorgamiento de las ayudas y de aquélla ausencia de fiscalización».