El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo planteado por diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso, con referencia a dos enmiendas que introducían reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativas a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, incorporadas a la Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
Los diputados recurrentes en amparo alegan la vulneración de su derecho al ejercicio del cargo representativo de conformidad con lo establecido en la ley (art. 23.2 CE), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de aquellos representantes (art. 23.1 CE), como consecuencia de la introducción de enmiendas por parte de la mayoría parlamentaria a la referida Proposición de Ley Orgánica que no guardan conexión de homogeneidad con el texto enmendado.
El Tribunal ha apreciado que la vulneración de derechos fundamentales alegada no carece prima facie de verosimilitud, atendiendo a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas
y la iniciativa legislativa que se pretende modificar (SSTC 119/2011, de 5 de julio, 36/2011, de 13 de septiembre, y 172/2020, de 19 de noviembre). Igualmente ha considerado que la cuestión planteada en este recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional al estimar que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de “relevante y general repercusión social”, que, además, tiene “unas consecuencias políticas generales” [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, letra g)].
Asimismo, el Tribunal ha estimado la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por los recurrentes en amparo y, en consecuencia, ha acordado suspender cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introducidos en la referida Proposición de Ley Orgánica, que derivan de las dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, e introducidas en el texto de la Proposición de Ley Orgánica, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022.
A la decisión del Pleno, que adoptará la forma de auto, han anunciado su intención de formular voto particular los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Ramón Sáez Valcárcel, así como las magistradas María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán Huertas.
El PSOE acusa al PP de bloquear la renovación
El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Gómez de Celis, ha dicho sobre la decisión del TC que «el bloqueo del Constitucional al poder legislativo es una injerencia sin precedentes en democracia» y que «el PP y sus interferencias han llegado demasiado lejos para arrogarse la legitimidad perdida en la urnas ultrajando la estabilidad de nuestro Estado de derecho».
Al paso de la postura adoptada por el TC también han salido ministras como Pilar Alegría y María Jesús Montero. Alegría ha afirmado que «vamos a seguir trabajando para que se garantice el cumplimiento de la Constitución y que se posibilite la renovación de los órganos judiciales, porque llevamos más de 4 años de mandato caducado del CGPJ y más de seis meses de no renovación del TC». «Esto es muy grave», ha lamentado.
Montero, por su parte, ha asegurado que «no hay ninguna duda de que el PP ha instrumentalizado el Tribunal Constitucional para paralizar el procedimiento legislativo en el Parlamento».
El PP, sin embargo, ha sostenido que «Pedro Sánchez ha entrado en una dinámica de desacreditar a toda institución u organismo si no le da la razón y no se pliega a sus intereses, y esto es peligrosísimo», así se ha expresado Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso. Asimismo, ha instado al Gobierno a que rectifique y que esta deriva «autoritaria» cese y empiecen a «hacer las cosas bien».
Vox, tras conocer la decisión de TC, también ha solicitado que se resuelva su recurso de amparo y su solicitud de medidas cautelarísimas para parar la derogación del delito de sedición.