- Abren juicio oral por el uso de tarjetas de la FAFFE en locales de alterne
- El juez investiga la colocación en la Faffe del exalcalde de Lebrija
- El Supremo retrasará la sentencia de los ERE si hay adelanto electoral
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de entre dos años y cuatro años y medio de cárcel a las cuatro personas acusadas por malversación de fondos públicos de tres subvenciones para cursos formativos concedidas al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, todo ello tras el juicio celebrado durante los pasados meses de febrero y marzo.
En la sentencia, notificada hoy miércoles a las partes personadas en este procedimiento, el tribunal condena a la directora gerente del Consorcio entre los años 2006 y 2011, Ana María O.E., como autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en el marco de Formades y le impone cuatro años y medio de prisión y ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
De igual modo, esta encausada tendrá que indemnizar a la Junta de Andalucía con 40.078,16 euros por los gastos «claramente irregulares que autorizó y que exceden claramente del objeto de la actividad de formación», y solidariamente respecto de la cuantía defraudada por cada uno de los otros tres condenados, que alcanza la cifra global de 899.623,94 euros, ya que ha quedado probada su contratación «irregular» por parte de la
investigada «con el objeto de proporcionarles un beneficio económico ilícito».
«Cooperadores necesarios de un delito continuado de malversación»
Asimismo, la Sección Tercera condena a Manuel R.O. (hijo de la ex directora gerente y que realizaba tareas de mantenimiento y mozo de cuadra en Formades) y a Cristóbal O.O. (sobrino de la acusada que hacía servicio de guarda nocturno) como cooperadores necesario de un delito continuado de malversación, en relación con los importes generados y/o cobrados procedentes de las tres subvenciones analizadas en la vista oral, y les impone dos años de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y que indemnicen a la Administración autonómica en las sumas de 452.895,82 euros y 38.495,94 euros, respectivamente.
Asimismo, condena a Juan Francisco M.L. (veterinario, docente y suministrador de medicamentos y pienso) como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, en relación a su actuación en la ejecución de las tres subvenciones concedidas, y le impone dos años y medio de cárcel, cuatro años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y
el pago de una indemnización a la Junta de 408.232,18 euros.
Consorcio de Formades
En el apartado de hechos probados, el tribunal comienza describiendo que los Consorcios Escuelas son entidades formadas entre la Junta de Andalucía y una Corporación Local, en las que la Administración andaluza participa de una forma mayoritaria y cuyo objetivo es la gestión de un centro de formación para el empleo, especializado y orientado al desarrollo de un sector de la actividad económica que la Junta considera relevante, ya sea por el entorno geográfico donde se ubican o por ser un sector emergente en la economía andaluza.
En este sentido, el Consorcio Formades fue constituido mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de octubre de 2001 y, hasta el año 2014 en que fue disuelto, su actividad se orientó a impartir cursos de formación ecuestre, sobre energías renovables y medio ambiente. En cuanto a su financiación, ésta siempre se hacía mediante subvenciones reguladas por la Orden de 10 de mayo de 2005 de la Junta, las cuales eran su exclusiva
fuente de financiación con la excepción de una mínima parte que procedía
del cobro de matrícula a los alumnos.
Las subvenciones siempre comprendían dos partidas, una de ellas destinada a sufragar los distintos proyectos formativos tanto para empleados como desempleados, y la otra al proyecto de inversiones para dotar de medios al organismo.