El Tribunal Constitucional/ Wikimedia Commons

El Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite la demanda de un abogado sevillano que, por la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, denunció el inaceptable lapso de tres años que había tenido lugar entre la fecha de admisión a trámite de una demanda en la jurisdicción social sevillana y la fecha de señalamiento de vista.

Dicha dilación extrema, supone, según alegan desde SPJ-USO (Sindicato Profesional de Justicia-Unión Sindical Obrera) Andalucía, una mayor dolencia cuando a la jurisdicción social se refiere, por cuanto que muchos de los asuntos que en ella se pretenden solventar acogen las pretensiones de Justicia de incontables trabajadores que no han percibido, siquiera, las indemnizaciones mínimas legales. Todo ello, implica, evidentemente, una gravísima y clara vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto que una Justicia tardía no es, evidentemente, Justicia. Tanto más si, en el caso concreto de del juzgado de Sevilla, ya se están señalando juicios para 2026.

Finalmente, la sección segunda de la Sala Primera del Tribunal Consitucional, en
virtud de resolución dictada el pasado 9 de mayo y apreciando que en la referida
reivindicación concurría «una especial trascendencia constitucional» emplaza al juzgado de Sevilla a fin de que le remita copia de las actuaciones.

Desde SPJ-USO, aseguran que entienden «que es imperativo que, de una vez por todas, se
coordinen las tres administraciones con competencias en la Administración de Justicia: El
Consejo General del Poder Judicial, del que dependen los Jueces; la Junta de Andalucía, de la que depende el personal funcionario de Justicia; y el Ministerio de Justicia, del que dependen los Letrados de la Administración de Justicia».

Señalamientos para 2026 en los Juzgados de lo Social

En los Juzgados de los Social de Sevilla se están produciendo señalamientos para 2026. Un estudio realizado por el despacho de abogados Parrado Asesores estima que el 25% de las demandas interpuestas en 2021 se han señalado para 2024, un 15% para 2025 y hasta un 5% para el año 2026. 

Esta situación, advierte el despacho, puede crear «enormes perjuicios» al trabajador. «Una situación en la que todas las partes pierden, las empresas por tener que asumir una gran cantidad de salarios de tramitación en caso de despidos, el trabajador por no ver reparada su causa en caso de improcedencia, y el propio Estado, si resulta responsable subsidiario de las cuantías a pagar», denuncia el despacho.

Además del colapso laboral y civil en los juzgados de Sevilla, la situación «se va a complicar aún más por los recursos a los propios señalamientos tan tardíos que están interponiendo los demandantes», alerta José Moreno Yagüe, letrado especialista en esta materia que se incorpora al despacho.

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