José Luis Miró es responsable del área inmobiliaria de la empresa Sando. La juez le imputa por intervenir en 2005 en las negociaciones para adjudicarse el derecho de compra de los terrenos de Mercasevilla, a pesar de que su oferta era sustancialmente inferior a la de Noga.
Sevilla Actualidad. La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla tomará declaración el lunes, como imputado, a José Luis Miró, responsable del área inmobiliaria de la empresa Sando, que intervino en las negociaciones para adjudicarse el derecho de compra de los terrenos de la empresa pública.
Fuentes del caso han explicado que Miró era responsable del área inmobiliaria de Sando y director general de su empresa filial Sanma, y en el año 2005 intervino en las negociaciones para hacerse con un derecho de superficie en Mercasevilla, lo que luego le supuso mayor puntuación en el concurso para la compra de sus terrenos.
Se trata del segundo ejecutivo de Sando que declara por lo que la juez ha calificado como adjudicación «fraudulenta» de los terrenos de Mercasevilla, diligencias en las que ya hay están acusadas diez personas entre responsables políticos, directivos del mercado central y técnicos que intervinieron en el proceso.
El vicepresidente de Sando, Luis Sánchez Manzano, declaró el pasado 28 de enero a la juez que Miró participó en el año 2005 en las negociaciones para obtener la titularidad de un derecho de superficie de 40.000 metros en Mercasevilla, que en aquella fecha ostentaba otra entidad, en un acuerdo que finalmente se cerró en 1.080.000 euros.
Sánchez Manzano afirmó entonces que no considera haber tenido «ningún privilegio» en la puntuación que logró Sando en el concurso gracias a su titularidad previa de terrenos en Mercasevilla porque «hay cerca de doscientas empresas que podían beneficiarse de dicha cláusula».
Sánchez Domínguez declarará el día 22
La juez investiga la venta de los terrenos a Sando, que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga, por lo que el resultado del concurso fue «antieconómico y contrario al interés general», a su juicio.
En esta rama del caso Mercasevilla están imputados el ex gerente de la empresa Fernando Mellet, el ex secretario del consejo de administración Jorge Piñero, los técnicos que intervinieron en el concurso, Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento, el ex concejal Gonzalo Crespo (PSOE) y la directora del área Financiera de la empresa mayorista.
La comparecencia de directivos de Sando se cerrará el próximo 22 de febrero con José Luis Sánchez Domínguez, presidente y dueño de la empresa, aunque Sánchez Manzano dijo a la juez que su padre «tiene cierta edad y ocupa el cargo de forma representativa y no ejecutiva».
La juez busca pruebas en Hacienda
Mientras tanto, la juez Mercedes Alaya ha acordado que, a través de la Policía Judicial, se solicite a la Delegación de la Agencia Tributaria que remita al juzgado «cuanta información patrimonial» de los diez imputados en la causa conste, desde 2003, en ese organismo, según informa la agencia Efe.
De esta forma, la juez de Instrucción 6 de Sevilla dispone que Hacienda remita los datos del IRPF (resumen y detalle), transmisiones patrimoniales, actividad financiera (deuda pública, valores o productos financieros), cuentas bancarias, anotaciones e inmuebles rústicos y urbanos de todos los imputados.
Ésta es una de las ocho nuevas pruebas que, para «avanzar en la instrucción», la juez ha ordenado que se practiquen. Porque, también dispone que la Policía Judicial recabe, bien de Mercasevilla o de las empresas participantes, todas las ofertas técnicas que se presentaron al concurso público para hacerse con la opción de compra de los suelos del mercado, salvo la de Sanma (Grupo Sando), «única unida a las actuaciones», que fue la adjudicataria.
En el auto, con fecha 29 de enero y notificado ayer a las partes, la juez acuerda librar mandamientos a los Registradores Mercantiles de Madrid y Barcelona para que remitan las historias registrales de Realia Business y Landscape Espais Promocions -empresas que también concurrieron al concurso-.
Además, cita para el próximo 8 de marzo en calidad de testigo al representante legal de Larena 98, empresa que inicialmente tenía una opción de compra sobre los terrenos y cuyo contrato fue rescindido después en favor de Sando, lo que luego le supuso a ésta una mayor puntuación en el concurso para la adjudicación.
La juez solicita a la Policía que practique gestiones para informar detalladamente al juzgado sobre a qué conceptos obedecen las entregas a cuenta realizadas por Sanma (Sando) a Mercasevilla en los contratos de diciembre de 2006 (229.497 euros) y de octubre de 2007 (987.923), que hace referencia a las prejubilaciones de empleados resultantes de uno de los dos ERE en la compañía.
Este concepto, según el auto, no se incluía en el contrato de opción sobre los terrenos ni en otro de diciembre de 2008, «en el que ni siquiera se especifica de manera genérica a qué obedece la entrega a cuenta en él referido» de 851.657 euros que luego se emplearon para pagar el ERE.
También pide a la Policía Judicial que se amplíe la información sobre la fórmula de baremación que realizó un economista que realizó un informe por el que Mercasevilla fijó el sistema de puntuación del concurso, así como que «investigue paralelismos que pudieran existir» entre el pliego de condiciones de dicho concurso y «las licitaciones de EPSA» (Empresa Pública del Suelo de Andalucía).
Otra prueba ordenada por la juez es que, una vez que se designe el perito que ya se acordó, se le entregue la documentación y las ofertas de todas las empresas que concurrieron al concurso y los informes de valoración del suelo objeto de la opción de compra.