Acabar con los pisos cárceles y mejorar la accesibilidad universal en los edificios de la ciudad de Sevilla para que ninguna persona tenga que permanecer enclaustrada en su vivienda por problemas de movilidad. Eso es lo que se proponen desde Izquierda Unida y Participa Sevilla con la moción sobre este tema que han trabajado conjuntamente y que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento hispalense.
Esta iniciativa incluye una batería de medidas concretas con las que estas formaciones políticas aspiran a “redoblar esfuerzos”, a nivel municipal, para poner fin al drama que sufren actualmente miles de sevillanos y sevillanas, al no poder salir de sus viviendas por carecer de ascensor u otros dispositivos que permitan el paso de una silla de ruedas.
En este sentido, tanto IU como Participa y Podemos demandan, entre otras cosas, la elaboración de un diagnóstico de los problemas de accesibilidad existentes en los edificios residenciales de Sevilla; la implantación de más ayudas municipales para la instalación de ascensores; el incremento de medios, competencias y personal en la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento; o la adopción de un enfoque integral para abordar esta cuestión, que incluya alternativas habitacionales para los casos más graves y urgentes de enclaustramiento de personas con dificultades de movilidad.
La moción elaborada por estas formaciones políticas se basa, en gran medida, en el informe El parque de viviendas sin ascensor en Andalucía: una apuesta por la accesibilidad, presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz en el Parlamento en 2010, donde se decía que en el municipio de Sevilla hay un total de 16.346 edificios de 3 o más plantas con problemas de accesibilidad, de los que un total de 15.068 carecen de ascensor. Una situación que, además, afecta especialmente a mujeres con pocos recursos económicos.
Ante esta realidad, desde IU, Participa y Podemos se apuesta por realizar “nuevas convocatorias en las que se aumente sustancialmente el presupuesto destinado a las ayudas municipales para la instalación de ascensores y se alargue el plazo de presentación de solicitudes, estableciendo mecanismos que garanticen una proporcionalidad en la concesión de estas subvenciones en relación al género de la población afectada”.
Y es que, según los datos de este informe del Defensor del Pueblo, en torno al 9% de la población andaluza tiene alguna discapacidad, siendo el 65% mujeres y la mayor parte de ellas mayores de 65 años.