Emvisesa acelera el proceso de regularización de una de sus promociones en Torreblanca

La empresa municipal de vivienda, Emvisesa, está llevando a cabo un plan para la normalización y regularización de una de sus promociones en Torreblanca en la que se concentran casi el 70% de las ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas.

De hecho, en los últimos meses se ha realizado una inversión de más de 200.000 euros en recuperar condiciones de habitabilidad, se han realizado intervenciones en coordinación con la Policía Nacional por usos irregulares del sótanos en los que se detectaron hasta peleas de gallos y perros de presa y se ha generado una mesa de trabajo en coordinación con el Distrito con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en el bloque y en su entorno, gravemente deteriorada. En este bloque se investiga, además, si se están produciendo por parte de algunos de los ocupantes ilegales llamamientos e incitaciones a la ocupación ilegal de pisos de Emvisesa.

De hecho, en el día de hoy, una mujer ha sido desalojada por orden judicial junto a su pareja y a tres hijos de la vivienda de Emvisesa que ocupaban ilegalmente desde febrero de 2016 en Torreblanca, una vez que se ha constatado por parte de los Servicios Sociales que no reúne los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad. Se le ha garantizado en todo momento una alternativa habitacional de transición, así como un año de ayudas al alquiler a través del programa de las PPC de Emvisesa. Dado su rechazo a cualquier medida, se ha articulado un procedimiento de urgencia para garantizar que en caso de que así lo quiera esta persona será realojada en adecuadas condiciones de forma transitoria.
La vivienda ocupada por esta persona quedó formalmente vacía el 12 de febrero de 2016 por renuncia de su anterior adjudicatario. En unos días, antes de que los técnicos pudieran realizar las labores de adecuación del inmueble, fue ocupado de forma ilegal por esta persona. Durante este tiempo no ha podido entregarse la vivienda como estaba previsto a una de las familias con informes de excepcionalidad avalados por los Servicios Sociales.