Los tres se anunciaban tanto por internet como en carteles por parte de jóvenes, se ubicaban en el Casco Histórico y carecían además de las correspondientes licencias turísticas.
Agentes de la Policía Local de Sevilla, cuerpo adscrito a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, han intervenido ante tres casos de hospedajes y alquileres de balcones irregulares preparados para la Semana Santa, y que se anunciaban por internet y cartelería en el Casco Histórico.
Se trata de una actuación policial llevada a cabo para garantizar el derecho de los consumidores, evitar los fraudes, tanto al consumidor como a la Hacienda Pública, y las posibles ofertas falsas (estafas), en las que pueden alquilarse inmuebles que no son propiedad de los denunciados, hacerlo incluso sin contrato o, en algunos casos, ofreciendo la posibilidad de defraudar a la Agencia Tributaria al abonarse sin IVA. Son operaciones, asimismo, que no se ajustan a ninguna legislación aplicable a las actividades turísticas, con el consecuente daño para el sector reglado.
Los agentes tuvieron conocimiento de dichos alquileres irregulares por la cartelería que encontraron en los respectivos balcones y a través de los anuncios en internet, careciendo todos ellos del número de registro de turismo en Andalucía, obligatorio para publicitarse con fines turísticos. Los policías locales concertaron citas con los anunciantes para comprobar lo ofertado y realizar la correspondiente inspección. A lo largo de la tarde de ayer, los agentes inspeccionaron 3 lugares que publicitaban con cartelería e internet, anunciando el alquiler de un espacio con acceso al balcón, desde el que se podía ver la calle por la que transitarían distintas cofradías durante la Semana Santa.
El primero se encontraba en Conde de Barajas, solicitando por el alquiler del mismo 1.500 euros, comenzando el Domingo de Ramos y terminando siete días después. En concreto, se trataba de dos jóvenes, quienes dijeron ser estudiantes. Ese piso no les pertenecía y argumentaron que era de la tía, no mostrando documentación al respecto, por lo que fueron denunciados. Manifestaron que pretendían lograr algo de dinero y quedaron sorprendidos por la rapidez de reacción de los agentes, pues apenas 24 horas antes habían colocado la publicidad, que retiraron ante los propios agentes.
El segundo caso se trata de un establecimiento ubicado en la calle Cuna, dedicado a coworking, que permite compartir oficina y equipamientos, con licencia para dicha actividad, si bien no cuenta con los permisos necesarios para el alquiler turístico. En este caso, era bastante más caro, rondando los 3.000 euros, con instalaciones eran mucho más amplias que en el precedente, incluyendo en el precio incluso la comida y bebida aunque no permitían pernoctar, y sólo estar en el lugar en presencia de ellos. Se trataba de un espacio diáfano de unos 40 metros cuadrados, con sólo un sillón, un aseo y un acceso a una cocina que parecía común a los escritorios que se encontraban al fondo, separados de la zona que pretendían alquilar sólo por unos cristales.
Por último, el tercero era un joven que manifestó ser el mediador. El apartamento que ofrecía, con una sola habitación y sin cama, de la que decía que la iban a traer, y un salón pequeño con un sofá cama, se ubica en la calle Jesús del Gran Poder. Dijo pertenecer a la madre de su socio, no permitiendo contactar con la propietaria ni con su hijo, ni aportando documentación alguna, siendo plenamente identificado e informado de que podría incurrir en varias situaciones delictivas, entre ellas por falsedad documental o estafa, ya que no presentó documento alguno en relación al inmueble ni la actividad ni la propiedad, siendo todos los datos que facilitó verbales excepto su identificación.
A esto hay que añadir, que en los tres casos, planteaban la posibilidad de evitar el pago de los impuestos, ofreciendo la posibilidad de pagar con IVA o sin él. Y al ser preguntados, no tenían muy claro cómo se hacía, por lo que las dudas acerca de la legalidad del negocio era patente.
Esta actuación policial se enmarca, asimismo, en la estrategia del Ayuntamiento de Sevilla contra los alojamientos turísticos ilegales, que suponen competencia desleal con respecto a los establecimientos legales, actúan al margen de la normativa fiscal y laboral, sin que exista una verdadera protección para los derechos de los propios consumidores.