En la sentencia se describe que el ex director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, Luis Guerrero, no participó en el dictado de las resoluciones administrativas “en base a las cuales prestó sus servicios como eventual de la Junta”.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado este viernes el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra la resolución en la cual se acordaba el sobreseimiento libre de la causa contra el que fuera director del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, Luis Guerrero.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía Superior de Andalucía contra la resolución del magistrado instructor en la que se acordaba el archivo de la causa contra el exd irector del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF) Luis Guerrero.
Cabe recordar que el magistrado instructor archivó la causa contra Luis Guerrero y acordó continuar las diligencias previas únicamente contra el ex consejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso por posibles delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.
En el auto, tanto la Sala como el magistrado instructor han coincidido en que el ofrecimiento a Guerrero para que realizara su trabajo en la Consejería le exime de toda responsabilidad penal por la resolución administrativa de nombramiento, y el TSJA ha informado que dicha supuesta ilegalidad “no le sería imputable”.
En la sentencia se describe que Guerrero no participó en el dictado de las resoluciones administrativas “en base a las cuales prestó sus servicios como eventual de la Junta”. El Alto Tribunal andaluz también coincidió con el criterio del instructor el hecho de que el contenido concreto de las funciones por las que se le retribuyó –asesor de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Málaga- no sean las propias para el que se le nombró, “podría denotar una ilegalidad en su momento, pero no un delito de malversación de caudales públicos achacable” o del que se hubiera beneficiado.
En el escrito, se añade que es así porque cobró un sueldo con cargo a los presupuestos de la Junta «en base a la actividad efectivamente desplegada, que tenía un contenido de prestación real y conforme a la función pública».
La causa fue abierta tras la querella presentada por la propia Fiscalía Superior de Andalucía también contra el ex consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso, responsable del nombramiento en la dirección de este centro, ubicado en el Palacio Pemartín de Jerez (Cádiz), sin haber visitado nunca la sede y desempeñado del cargo, desde agosto de 2012 hasta junio de 2015. La Fiscalía consideró los hechos de Alonso un delito de prevaricación administrativa como medio para cometer otro de malversación de caudales públicos.