desahucio-vanessa

“Sólo la no ejecución del lanzamiento por el juzgado ha evitado el desahucio, ante la parálisis y la falta de alternativas del Ayuntamiento”, denuncia.

Vanesa Fernández, madre de 34 años y con dos hijas menores a su cargo, de 13 y 2 años, se enfrentaba hoy al desahucio de su vivienda sita en la calle Cocina de los Ángeles, en el barrio sevillano del Polígono San Pablo. Vivienda, que según sus propias afirmaciones, ha sido su residencia habitual hasta el pasado jueves 9 de junio, última noche que pasó en la vivienda con su familia, lo que contradice la versión facilitada por el Ayuntamiento que argumenta que abandonó la vivienda “hace meses”.

Vanesa, víctima de violencia machista (su ex pareja la atropelló y tiene una orden de alejamiento de 500 metros) decidió, con su actual pareja, Joaquín, padre de su segunda hija, ir sacando de la vivienda los enseres que poseía y evitarle a sus hijas el mal trago del desahucio. “No hemos abandonado la vivienda hace meses como dice el Ayuntamiento, lo que hemos hecho esta semana es ir sacando las cosas de la casa para que no se las llevara el banco” manifestó la afectada. Vanesa y su familia viven, desde entonces, acogidos por una amiga de la familia.

El único ingreso que recibe la familia son los 407 euros de sueldo por la media jornada que Vanesa realiza en un comedor escolar, empleo que perderá el próximo 22 de junio. Vanesa manifiesta que lo ha intentado todo y que fue en varias ocasiones a dialogar con la Caja de Extremadura para encontrar una solución recibiendo como respuesta del director de la sucursal bancaria la incomprensión más absoluta: “Me llegó a decir que me acostara con tres viejos para pagar la deuda”.

El lanzamiento dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 19 estaba fijado a las 10:00 horas de este martes, hora a la que se presentó en el inmueble la Comisión Judicial que abandonó el lugar sin poder efectuarlo. Una decena de activistas por el derecho a la vivienda se encontraban en la puerta del inmueble, aunque no interfirieron en las labores judiciales.

La edil de Participa, Cristina Honorato, que se personó en la vivienda y acompañó a la familia, ha solicitado la mediación urgente de la Oficina por el Derecho a la Vivienda “dada la extrema vulnerabilidad de la familia”. Sorprendida por las declaraciones efectuadas por del delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores (PSOE), la portavoz adjunta de Participa, las calificó de “mezquinas, lamentables y vergonzosas”.

“No es de recibo que le digan a esta familia que no pueden hacer nada, sí se puede. Se debe negociar con el banco la suspensión del lanzamiento, se debe iniciar el protocolo anti desahucios firmado con los juzgados, se debe buscar una alternativa habitacional. Estas son las medidas que se aprobaron en el pleno y los fines con los que se creó la oficina de la vivienda. Este caso ha visibilizado que los compromisos de Espadas son papel mojados”, concluyó Honorato.