Arellano se defiende y dice que su actuación fue “legal”
Las diligencias fueron incoadas a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por hechos ocurridos en el marco de su atribución como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.
El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía encargado de la instrucción de la denuncia presentada contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas al considerar que «no existen indicios suficientes» de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y falsificación en la adjudicación de la construcción del edificio universitario conocido como «Centrius». Las diligencias fueron incoadas a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por hechos ocurridos en el marco de su atribución como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.
En un auto notificado esta mañana, el magistrado instructor Juan Ruiz-Rico considera que según la prueba practicada «no ha quedado acreditado» que el denunciado «conociera los datos de los licitadores que habían concurrido a los mismos, ni cómo se habían documentado las ofertas y demás trámites administrativos ni, en definitiva, que se hubiera producido cualquier tipo de irregularidad respecto de los mismos». Además, el denunciado «no participó en el proceso selectivo».
La resolución del magistrado sostiene asimismo que «las autoridades y funcionarios de alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que les son sometidos a la firma, y generalmente deben fiarse de los informes técnicos que los avalan». En el caso actual «las diligencias de prueba practicadas han puesto de manifiesto que el investigado no había expresado un especial interés por las adjudicaciones a determinado arquitecto» y se estima que «lo decisivo para constatar el carácter absolutamente irregular de esas contrataciones» sería que «la decisión de adjudicar los distintos proyectos estuviera ya tomada de antemano bien por el investigado o por otras personas, conociéndolo y consintiéndolo aquel».
El auto de archivo puede ser recurrido en reforma ante el magistrado instructor de la causa y también en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.