Grande es el circo mediático que se ha formado tras hacerse públicas las consecuencias que para la comunidad internauta supone el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el gobierno socialista pretende sacar adelante. Dentro de dicho anteproyecto se establece una modificación de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información a través de la cual se permite cortar internet por orden judicial con el objetivo de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual.
Diego López. Desde que Ángeles González Sinde obtuviera la cartera ministerial de Cultura muchas han sido las voces que se han manifestado en contra de las políticas que pretendía aplicar. Ya en su toma de posesión que tuvo lugar en el pasado mes de abril, González Sinde, pretendía reunirse con la comunidad de internautas para establecer unos criterios comunes y consensuados. La ministra desde el principio de su mandato pretendía establecer unas normas que protegiesen la propiedad intelectual, por lo que levantó ampollas con los blogueros desde que asumió el cargo.
Dadas la circunstancia que se ha generado en esta última semana sobre el tema de las descargas en internet y la posibilidad de cortar las líneas de internet a aquellos usuarios que descargasen alguna obra protegida por la ley de propiedad intelectual, así como cerrar páginas web que se dediquen a este tipo de descargas. La ministra de Cultura ha salido al paso asegurando que “el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de internet a los usuarios en ningún caso, sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas”.
Desde el Ministerio de Cultura también se quiso hacer público que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio de Cultura, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo «con plenas garantías», las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros, así lo publicaba laopinioncoruña.es esta semana.
El proyecto del Gobierno de crear una Comisión de Propiedad Intelectual que pueda bloquear estas páginas y cortar la conexión a los usuarios ha provocado encontronazo entre un grupo importante de internautas, el propio Ejecutivo y representantes de la industria cultural. Esa situación provocó que la semana pasada el Gobierno convocara una reunión con estos colectivos con el objetivo de salvar la situación de desinformación y falta de coordinación.
Los asistentes a través de las redes sociales informaban en directo de lo que ocurría en dicha reunión. Varios blogueros mostraron su disconformidad con la ministra y aseguraban que ésta no tenía ningún interés en la negociación, un claro ejemplo de ello es la visión que Enrique Dans, experto en internet del Instituto de Empresas, quien aseguraba sentirse decepcionado con la reunión.
En la reunión, el grupo de internautas solicitó al Gobierno la retirada de la primera Disposición Final del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES). Dicha disposición da lugar a la modificación de otras dos leyes: la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI, de 2002), y la de Propiedad Intelectual, (LPI, refundida en 1996).
En el caso de la LSSI, el Gobierno ha añadido la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual como uno de los principios fundamentales consecuencia de que por su protección se pueda bloquear una página web. En cuanto a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, el Ejecutivo reforma la Comisión de Propiedad Intelectual y la divide en dos secciones, la segunda de las cuales será el órgano competente para decidir el bloqueo de webs que vulneren los derechos de autor.
No obstante, el Gobierno ha asegurado que tal disposición final no será retirada y ha recalcado que al texto le espera aún pasar por el trámite parlamentario en el que se procederá a su modificación y perfeccionamiento, además de la redacción de un reglamento de desarrollo de la ley.