Mantiene la fianza impuesta a su propietaria de casi 2 millones de euros al hallarse investigada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La juez titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla rechaza el sobreseimiento (archivo provisional) del proceso abierto a la empresa Río Grande Sevilla -dentro de la causa de los ERE-, y mantiene la fianza impuesta a su propietaria de 1.990.689 euros, al hallarse investigada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, además de por el delito de fraude de subvenciones.
Frente a lo alegado por la recurrente de que las ayudas sociolaborales recibidas de la Junta de Andalucía con motivo del ERE que la empresa llevó a cabo en 2005 estaban amparadas por la orden de 5 de abril de 2005, la juez responde que «sobre la legalidad o no del procedimiento, es una cuestión que se resolverá en Procedimiento Específico», y añade que, «sin perjuicio de lo anterior, la recurrente debe responder de unos hechos que van más allá de la simple inclusión, a sabiendas, de los «extraneus» en el ERE de la empresa» (en alusión a la solicitud de un ERE por parte de Río Grande sin reunir los requisitos necesarios para ello).
El auto notificado ahora recoge la inclusión en el ERE de Río Grande de dos personas a las que no correspondía, una de ellas en razón a su amistad con la propietaria y a sabiendas por parte de ésta de que la renta como beneficiaria de la póliza la habría abonado íntegramente la Junta de Andalucía y, en el caso de la otra, a sabiendas de que se trataba de una persona ajena y no trabajadora de Río Grande, que “se benefició en exclusiva de tres de las cuatro pólizas que se firman para llevar a cabo la extinción de los contratos de los doce trabajadores, las que corresponden a seguros de capital diferidos».