IU reclama un protocolo sobre desahucios entre el Ayuntamiento y los juzgados
Suspendido por segunda vez el desahucio de la calle Macasta
El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha llevado a cabo este lunes el lanzamiento de Juan Bautista después de haber suspendido dos veces su desalojo por impago de alquiler.
A primera hora de este lunes Juan Bautista, un anciano de casi 80 años, ha sido desalojado por de su casa en la calle Macasta por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla. Tras el lanzamiento, operarios han procedido a tapiar el acceso a la vivienda, según ha informado Participa Sevilla en las redes sociales.
El conflicto nace después de que el propietario del edificio denunciara en el juzgado el supuesto impago de las rentas de alquiler en el que habrían incurrido estos inquilinos; Juan Bautista, Valentín y Emilio. Ellos, por su parte, argumentan que el casero «se niega a cobrar» las rentas de alquiler y cuando las ha cobrado «no daba los recibos» a sus inquilinos, porque todo era «de palabra».
A raíz de las solicitudes de desahucio, el Ayuntamiento hispalense movilizó de nuevo a su Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies) y ha ofrecido a dos de los afectados la opción de contar con plazas en un centro de acogida de carácter público, estudiando para uno de ellos una plaza en una residencia atendiendo a su situación de exclusión social.
El Ayuntamiento realoja a dos de los afectados
El Ayuntamiento de Sevilla ha realojado hoy a dos personas que han sido desalojadas de un inmueble situado en la calle Macasta. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, ante la ejecución de la orden judicial de desahucio, el gobierno ha puesto a disposición de estas personas dos plazas en un centro de acogida que estaban reservadas desde hacía varias semanas.
Esta respuesta se ha gestionado a través del protocolo antidesahucios, activado el pasado día 22 de septiembre, a través del cual se ha realizado un seguimiento personalizado de los casos en una actuación coordinada a través de la Unidad de Trabajo Social de la zona y la Unidad Municipal de Intervención Social en Emergencia Sociales (UMIES).
El delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, ha explicado que una vez que “hemos tenido constancia de que el juzgado iba a hacer efectivo el desalojo de este edificio, se ha puesto en marcha todo el dispositivo de soporte para estas personas que ya teníamos previsto”. Flores ha recordado que “el gobierno no puede intervenir en una decisión judicial, pero sí puede hacer lo que hemos hecho: poner a disposición de los afectados los recursos municipales disponibles para que no se queden en la calle”. “Todo lo que este Ayuntamiento pueda ofrecer va a estar al servicio de personas afectadas por una orden de desahucio para resolver su situación”, ha indicado el delegado.